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El panorama de la regularización de migrantes en España ha cobrado especial relevancia tras la aprobación de una medida administrativa que busca agilizar el acceso a la residencia a varios cientos de miles de personas en situación irregular que cumplan determinados requisitos de estancia previa y ausencia de antecedentes penales.
Muchas personas extranjeras enfrentan una pregunta crucial cuando inician su proceso de legalización: cuánto tiempo tarda el trámite de regularización migratoria. La respuesta no es única porque depende de la vía escogida y de la situación particular de cada solicitante.
Históricamente, los procesos de extranjería se han caracterizado por su complejidad y variación entre regiones, con plazos que pueden parecer largos para quienes buscan una vida estable con derechos laborales y sociales.
La tramitación administrativa de permisos de residencia y trabajo conlleva la revisión de documentación, comprobaciones de requisitos y, en ocasiones, tiempos de espera vinculados a la carga de trabajo de las oficinas competentes.
Es por este motivo que el Gobierno ha diseñado este mecanismo con plazos específicos para la admisión de solicitudes y su resolución final que deben tenerse en cuenta al planificar cualquier trámite de regularización.
Plazos generales de tramitación para regularizar la situación administrativa
Uno de los aspectos más relevantes para quienes presentan una solicitud de residencia o regularización es el plazo que tiene la administración para resolver el expediente. En general, la normativa administrativa española establece que, una vez la solicitud queda formalmente registrada, la oficina de extranjería cuenta con un plazo máximo de tres meses para emitir una resolución favorable o denegarla.
Este plazo de 90 días es aplicable a la mayoría de los procedimientos ordinarios, incluidas las solicitudes de residencia temporal vinculadas a empleo o arraigo, aunque el plazo real puede variar con base en factores como la carga de trabajo de la oficina provincial o la necesidad de requerir documentación adicional.
Si no se recibe respuesta en ese periodo, la normativa no siempre implica una aprobación automática, ya que depende del tipo de procedimiento y del régimen de silencio administrativo aplicable.
Para los procedimientos de arraigo social y laboral, vías habituales para personas que llevan tiempo residiendo en España sin papeles, la tramitación puede oscilar entre unos tres y seis meses desde la presentación de la solicitud, aunque existe variación significativa según la comunidad autónoma y la complejidad de cada caso.
El plazo administrativo también puede verse influido por la exigencia de requisitos específicos como el tiempo mínimo de residencia continuada, que en algunos supuestos se ha reducido recientemente a dos años para ciertas categorías de arraigo, lo que acorta la espera para poder presentar la solicitud y, por ende, afecta la expectativa de resolución global del trámite.
Plazos en procesos extraordinarios y nuevas medidas
Además de los plazos generales de extranjería, en 2026 se está implementando un proceso extraordinario de regularización para migrantes que estaban en España antes de una fecha límite previa al cierre del año 2025 y que reúnen requisitos como no tener antecedentes penales.
Según la comunicación oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las solicitudes admitidas a trámite podrán comenzar a ser procesadas en un plazo que puede ser de hasta 15 días para la simple admisión, permitiendo que quien cumpla con los requisitos pueda acceder a beneficios básicos como la autorización para trabajar desde ese momento.
La resolución final de este tipo de procesos extraordinarios sigue el mismo marco básico de hasta tres meses, aunque el diseño de esta vía exprés apunta a que la mayor parte de los casos se resuelvan dentro de ese lapso sin necesidad de prórroga adicional.
Esta modalidad extraordinaria, que se ha pactado en el seno del Gobierno español, responde a la intención de integrar legalmente hasta cientos de miles de personas que históricamente han vivido en la sombra administrativa, y se presenta como un cambio significativo en comparación con los procedimientos anteriores.
Factores que pueden prolongar la duración del trámite
A pesar de los plazos oficiales, existen varios factores que pueden hacer que un proceso de regularización tarde más de lo esperado. Entre ellos se encuentran la necesidad de aportar documentación adicional, la saturación de las oficinas de extranjería en grandes ciudades como Madrid o Barcelona y las diferencias en gestión entre provincias.
Además, los tiempos pueden extenderse si se trata de procedimientos complejos como los vinculados a la reagrupación familiar, o si la persona solicitante no cumple de forma inmediata con todos los requisitos exigidos. En casos de ausencia de documentación completa, la administración puede requerir subsanaciones que detengan los plazos administrativos hasta que se aporten los documentos solicitados.
Hay que tener en cuenta también que procedimientos tradicionales, como la obtención de nacionalidad por residencia, siguen criterios específicos y plazos totalmente distintos a los de la regularización básica, requiriendo años de estancia legal continuada y pruebas adicionales, como las de idioma y de conocimiento constitucional.
Qué esperar después de aplicar y cómo prepararse
Una vez presentada la solicitud, la administración comenzará su revisión con la expectativa de resolver dentro del plazo legal máximo. Durante este período, es clave asegurarse de que toda la documentación requerida esté correctamente presentada para evitar demoras innecesarias.
En procesos extraordinarios como el que se está implementando en 2026, la admisión a trámite en unos quince días permitirá que muchas personas accedan a una autorización de trabajo y residencia provisional de forma más ágil, facilitando su integración económica mientras se completa la tramitación definitiva.
En cualquier caso, las personas migrantes interesadas en regularizar su situación deberían consultar con abogados especializados o servicios de asesoría en inmigración para orientarse sobre requisitos específicos y preparar expedientes sólidos que eviten retrasos en su resolución.
Aunque el plazo máximo estándar para la resolución de una solicitud de regularización migrante es de hasta tres meses, la duración real puede variar de unos pocos meses a más de medio año según la vía, la complejidad y la eficiencia de la administración en el lugar donde se tramite el expediente.