El fundador de Telegram, Pavel Durov, se ha sumado a las críticas contra la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para regular las redes sociales y prohibir su uso a menores de 16 años. El empresario tecnológico difundió un mensaje dirigido a los usuarios españoles en el que alerta sobre los efectos que, a su juicio, tendrá esta iniciativa sobre la privacidad y las libertades digitales. La intervención de Durov se produjo después de que el presidente del Gobierno anunciara un paquete de reformas orientadas a reforzar la protección de los menores y aumentar la responsabilidad de las plataformas digitales. El mensaje del fundador de Telegram se une así a las críticas formuladas previamente por Elon Musk contra la regulación de redes planteada por el Ejecutivo. En su comunicación, Durov sostiene que las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez podrían transformar el ecosistema digital en España y afectar de forma directa al debate público, el anonimato en internet y la libertad de expresión de los usuarios. El mensaje de Pavel Durov comienza con una advertencia directa a los usuarios españoles. “El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet. Anunciadas ayer mismo, estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de ‘protección’”, afirma el fundador de Telegram. Durov, CEO de la plataforma de mensajería, ya había protagonizado choques con gobiernos europeos tras ser detenido en Francia hace año y medio por la falta de moderación de Telegram. En esta ocasión, centra su crítica en la regulación de redes sociales anunciada en España y en su posible impacto sobre la privacidad de los usuarios. Aunque el mensaje no menciona de forma explícita al presidente del Gobierno en todos sus tramos, el fundador de Telegram vincula directamente las medidas al Ejecutivo español y las presenta como parte de una tendencia de control del espacio digital. Uno de los ejes de la regulación de redes cuestionados por Durov es la prohibición del acceso a menores de 16 años. El empresario sostiene que esta medida servirá como argumento para imponer controles de identidad a todos los usuarios de las plataformas digitales. “El veto a los menores de 16 años es una excusa que servirá para verificar la identidad de todos los usuarios de las redes sociales”, advierte Durov, al señalar que este sistema abre la puerta a la “recopilación masiva” de datos personales. En su mensaje, el fundador de Telegram alerta de que la verificación obligatoria de edad “establece un precedente para rastrear la identidad de cada usuario” y podría reducir el anonimato en internet, afectando al debate público y a la participación en asuntos políticos y sociales sensibles. Otro de los puntos centrales de la crítica de Pavel Durov es la responsabilidad penal de los ejecutivos de las plataformas digitales. Según expone, la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez contempla sanciones para quienes no eliminen rápidamente contenidos considerados “ilegales, odiosos o perjudiciales”. “Esto forzará la sobrecensura—las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas”, sostiene el fundador de Telegram en su mensaje. Durov advierte además que este marco legal trasladará la presión regulatoria a los propios usuarios. “Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo”, afirma, al alertar sobre el impacto que la regulación de redes puede tener en la libertad de expresión. El mensaje de Pavel Durov también cuestiona la criminalización de la amplificación algorítmica de contenidos. Según el fundador de Telegram, penalizar este tipo de difusión permitirá a los gobiernos influir en lo que los usuarios ven en las plataformas digitales. “Los gobiernos dictarán lo que ves”, afirma Durov, al vincular esta medida con la obligación de seguir la llamada “huella de odio y polarización”. A su juicio, se trata de conceptos imprecisos que pueden utilizarse de forma expansiva. En ese sentido, advierte que “definiciones vagas de odio podrían etiquetar críticas al gobierno como divisorias”, lo que podría derivar en sanciones, cierres de servicios o multas, enterrando opiniones contrarias y condicionando el debate público.