La operadora ferroviaria pública Renfe se ha visto envuelta en un escándalo interno que ha terminado con el despido de una de sus trabajadoras. La compañía, que gestiona la mayor parte del transporte en tren de España, ha insistido en los últimos años en reforzar sus mecanismos de atención al cliente y compensación por retrasos en los servicios, tras varias controversias sobre la puntualidad y los derechos de los viajeros. Sin embargo, el caso reciente no está ligado a los debates sobre la política de indemnizaciones de Renfe hacia los usuarios, sino a un fraude interno: una empleada que accedió a indemnizaciones de retrasos que pertenecían a viajeros que nunca las reclamaron, y las cobró para su propio beneficio. La Justicia ha avalado el despido disciplinario por mal uso de recursos de la empresa y abuso de confianza. La investigación que terminó con el despido fue iniciada por la propia compañía tras detectar patrones anómalos en las solicitudes de indemnización efectuadas en una de sus estaciones. Según la sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la trabajadora se presentaba repetidamente en la estación de Sevilla Santa Justa con billetes que, en realidad, habían sufrido retrasos pero cuyos titulares nunca habían reclamado la compensación correspondiente. Lo llamativo del caso es que en todos los episodios ocurridos entre enero y febrero de 2020, la misma persona solicitaba estas indemnizaciones de diferentes trenes, en distintos canales de venta y siempre transcurridos alrededor de 50 días desde la fecha del viaje. Esto encendió las alarmas y llevó a la compañía a revisar los registros de acceso y gestión de billetes. La sentencia recogida por fuentes jurídicas aclara que la trabajadora, que no tenía permiso para operar devoluciones de estas indemnizaciones, accedió a sistemas internos usando las claves de acceso de otro compañero para consultar billetes de clientes y tramitar las devoluciones a su favor. Esta práctica supuso que la empresa le abonara indemnizaciones por un total cercano a 1994 euros, dinero que la propia empleada terminó devolviendo tras ser confrontada por la dirección. Este uso indebido de credenciales ajenas y la apropiación de fondos con ánimo de lucro fueron considerados una “transgresión de la buena fe contractual”, una falta grave en el marco del Estatuto de los Trabajadores y de las propias normas internas de Renfe. Por eso, la Sala de lo Social del tribunal andaluz ratificó el despido disciplinario. Aunque los casi 2000 euros desviados pueden parecer una cantidad modesta frente al volumen de las cuentas de una gran empresa pública, la gravedad del caso radica en el abuso de confianza y en el acceso privilegiado a sistemas sensibles. Renfe, que ha estado bajo presión por las críticas de los usuarios y de asociaciones de consumidores sobre cómo gestiona las indemnizaciones por retrasos, no podía permitirse que se cuestionara también su integridad interna. Es importante poner este caso en contexto, porque en los últimos meses ha habido otros debates públicos en torno a las obligaciones de Renfe de compensar a los viajeros por retrasos, especialmente tras las limitaciones de velocidad que impuso Adif a partes de la red ferroviaria después de varios accidentes, y que han generado retrasos frecuentes en tramos de alta velocidad y media distancia. Organizaciones de consumidores han señalado que, pese a que Renfe e Iryo han declarado cambios en sus políticas de indemnización por retrasos derivados de estas limitaciones de velocidad, las compañías siguen obligadas por la normativa europea a indemnizar a los viajeros cuando la demora supera ciertos umbrales de tiempo. Ese contexto de tensión entre usuarios, operadores y reguladores hace que casos de malversación interna, aunque de menor cuantía, se perciban con mayor preocupación por el público, ya que afectan la percepción de justicia y transparencia en todo el sistema ferroviario. Desde Renfe, fuentes laborales y jurídicas aseguran que la compañía ya reforzó sus controles internos tras detectar el fraude, con mecanismos de auditoría que rastrean de forma detallada el uso de credenciales y la tramitación de devoluciones, precisamente para evitar este tipo de abusos de confianza. La decisión del tribunal no solo avala el despido, sino que también sienta un precedente claro sobre cómo se interpretan las obligaciones de los trabajadores de empresas públicas en España. En el fallo se destaca que la restitución parcial del dinero o la confesión de los hechos no atenúan la falta, porque lo esencial es la quiebra de la buena fe contractual que debe existir en la relación laboral. Además, el uso de credenciales de otros trabajadores para acceder a sistemas restringidos y gestionar reembolsos que no eran de su competencia fue considerado una actuación premeditada y calculada, lo que refuerza la idea de que no se trató de un “error administrativo”, sino de un plan deliberado para apropiarse de fondos. Según analistas jurídicos consultados por distintos medios, este tipo de sentencias también refuerza la posición de las empresas públicas frente a reclamaciones laborales similares, ya que indica que la justicia española respalda decisiones disciplinarias cuando hay evidencia de abuso o fraude internos que perjudican a la entidad. Para los empleados de Renfe y otros operadores ferroviarios, este caso funciona como un recordatorio de que el acceso a sistemas de gestión de billetes y de compensaciones debe usarse con estricta responsabilidad profesional. Entre los usuarios, la noticia ha generado una respuesta combinada de sorpresa e indignación, no tanto por la cantidad de dinero involucrada, sino por la percepción de que un trabajador se aprovechó de fallos en el sistema de compensación para enriquecerse a costa de los pasajeros y de la empresa. Algunos viajeros han señalado que casos como este dañan aún más la ya frágil confianza en el servicio ferroviario español. Sindicatos y asociaciones de trabajadores han recordado, por su parte, que los empleados deben estar protegidos y formados para evitar errores involuntarios, pero también han subrayado que el fraude deliberado no tiene cabida en el empleo público, especialmente cuando se trata de recursos que podrían haber beneficiado a los usuarios afectados por retrasos reales en sus viajes. El caso continúa siendo objeto de debate y análisis entre juristas, organizaciones de consumidores y el propio sector ferroviario, que busca equilibrar la atención al cliente, la transparencia y el control interno de sus procedimientos operativos.