En un movimiento que busca reforzar la seguridad vial en España, el Gobierno —a través del PSOE— presentó una proposición de ley en el Congreso para endurecer las sanciones por exceso de velocidad.
La iniciativa propone reducir los umbrales a partir de los cuales un exceso deja de ser una mera infracción administrativa y pasa a considerarse delito penal contra la seguridad vial.
¿Cómo es la ley actual?
Actualmente, según el artículo 379 del Código Penal, conducir con un exceso de 60 km/h sobre el límite en vías urbanas o 80 km/h en carreteras interurbanas ya constituye un delito.
Las penas incluyen prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad (31 a 90 días) y retirada del carnet de conducir de 1 a 4 años.
¿Qué cambios podrían aparecer?
La propuesta del PSOE busca bajar estos márgenes en 10 km/h: a 50 km/h en ciudad y 70 km/h en carretera por arriba de los límites.
De aprobarse la modificación, muchos más conductores podrían enfrentar responsabilidades penales por excesos que hoy solo conllevan multas económicas (de 100 a 600 euros) y pérdida de hasta 6 puntos del permiso.
¿Por qué el Gobierno impulsa esta medida?
El argumento principal del Gobierno radica en la relación directa entre velocidad y siniestralidad. Según estudios citados, un aumento del 1% en la velocidad incrementa un 4% la probabilidad de un accidente mortal. En 2024, la velocidad inadecuada o excesiva estuvo presente en el 22% de los siniestros mortales.
Además, la DGT tramita anualmente cerca de 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad, de las cuales unas 450.000 implican detracción de puntos, representando casi el 40% de todas las sanciones con pérdida de puntos.
Esta reforma se enmarca en la estrategia continua de la Dirección General de Tráfico para reducir la mortalidad en las carreteras, donde la velocidad sigue siendo uno de los factores de riesgo más importantes.
Aunque las penas se mantienen iguales, el cambio ampliaría el alcance del delito, facilitando que conductores con excesos graves acaben procesados judicialmente y, potencialmente, con penas de prisión.
¿Ya rigen los nuevos cambios?
La propuesta aún no es ley aprobada, sino un proyecto registrado por el grupo socialista que deberá debatirse en el Congreso. De avanzar, representaría uno de los endurecimientos más significativos en materia de exceso de velocidad en los últimos años, alineándose con la tendencia europea de priorizar la prevención de accidentes mediante sanciones más disuasorias.
En resumen, si la iniciativa prospera, superar los límites de velocidad en 50 km/h en ciudad o 70 km/h en carretera podría llevarte directamente ante un juez, con riesgo real de cárcel. Una medida controvertida que divide opiniones entre quienes la ven necesaria para salvar vidas y quienes la consideran excesiva.