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La propuesta de Bruselas establece un marco común para que España y el resto de los países de la Unión Europea puedan restringir el alquiler turístico y determinados usos de viviendas que no estén destinados a residencia habitual.
La medida llega en un momento de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario español y podría reforzar las políticas que buscan aumentar la cantidad de viviendas disponibles para quienes viven de forma permanente en las ciudades.
Sin embargo, la iniciativa europea no implica una prohibición automática de los pisos turísticos ni obliga al Gobierno español a aplicar nuevas restricciones.
Para intervenir en una zona, las autoridades deberán demostrar que existe una situación de tensión habitacional y que determinadas actividades afectaron durante al menos tres años la disponibilidad o el precio de las viviendas. Las restricciones, además, tendrán un plazo máximo de cinco años y deberán revisarse.
¿Qué beneficio tendrá España con la nueva norma de Bruselas?
El principal beneficio para España será contar con mayor seguridad jurídica para aplicar restricciones al alquiler turístico en las zonas más afectadas por la falta de viviendas. La Comisión Europea pretende reducir la incertidumbre que enfrentan las autoridades cuando establecen límites sobre determinadas actividades inmobiliarias que pueden entrar en conflicto con las reglas del mercado interior europeo.
Esto puede resultar especialmente relevante para ciudades españolas con una fuerte presencia de viviendas destinadas al turismo. Bruselas citó a Madrid como ejemplo: según sus propios datos, en el centro de la capital existen unos 40 alojamientos turísticos por cada 100 viviendas disponibles para alquiler de larga duración, mientras los precios de estos alquileres aumentaron cerca de un 75% durante la última década.
Para el Gobierno de España, el cambio no supone recibir una ayuda económica directa para los propietarios o inquilinos. El beneficio es principalmente regulatorio: las administraciones tendrán un marco europeo más claro para justificar restricciones cuando puedan demostrar que contribuyen a solucionar una situación de tensión habitacional.
Además, las medidas ya adoptadas por España no quedarán automáticamente cubiertas por este nuevo reglamento. Las autoridades podrán revisarlas de manera voluntaria para adaptarlas al nuevo marco europeo.
¿Qué puede pasar con las viviendas en España?
La nueva legislación podría favorecer que una mayor cantidad de viviendas permanezca destinada al uso residencial en las zonas donde exista una fuerte presión sobre el mercado. Para eso, España deberá demostrar que el alquiler turístico o el uso de inmuebles para fines distintos de la residencia habitual tiene un impacto concreto sobre la disponibilidad o el precio de las viviendas.
La propuesta también incorpora un segundo eje que puede tener impacto en el mercado español: los llamados “planes de aceleración de la vivienda”.
Bruselas recomienda que las autoridades reduzcan los tiempos para conceder permisos, aprovechen terrenos y viviendas vacíos y aceleren la renovación y reconversión de edificios.
El objetivo es aumentar la oferta de viviendas y, con ello, reducir la presión sobre los precios. La Comisión Europea también pidió a los Estados miembros que impulsen la construcción de vivienda social y asequible y que utilicen los mecanismos de financiación europeos y nacionales disponibles.
Para España, este punto resulta especialmente relevante porque Bruselas ya señaló que el parque de vivienda social español representa menos del 2% de la oferta total, frente a una media cercana al 7% en la Unión Europea. La nueva estrategia, por tanto, combina más capacidad para limitar determinados usos de las viviendas con medidas destinadas a aumentar la oferta residencial.