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El Ministerio de Educación ha activado la cuenta atrás para una de las reformas más sensibles del sistema educativo. La titular de la cartera, Milagros Tolón, ha convocado a los consejeros de todas las comunidades autónomas a una Conferencia Sectorial presencial el 6 de marzo en Madrid con el objetivo de explicar el anteproyecto de ley que plantea reducir las ratios en las aulas y rebajar la carga lectiva del profesorado.
La iniciativa ya cuenta con el respaldo del Consejo Escolar del Estado y con el acuerdo de los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria. Sin embargo, todavía debe regresar al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo buscará sumar apoyos más allá de sus socios habituales.
¿Qué cambios concretos propone la nueva ley en las aulas?
El núcleo de la reforma se centra en la reducción del número de estudiantes por clase. El anteproyecto fija un máximo de 22 alumnos en educación infantil y primaria, y de 25 en secundaria. La medida apunta a mejorar la atención individualizada y a fortalecer la calidad pedagógica en todas las etapas obligatorias.
Además, el texto establece que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) compute como doble plaza a efectos de ratio. Con este mecanismo, los centros que escolaricen a estudiantes con mayores requerimientos de apoyo contarán con grupos menos numerosos, lo que facilitará la inclusión efectiva.
Los sindicatos han pedido ampliar ese criterio para que también el alumnado vulnerable o con otras necesidades específicas, aunque no esté formalmente catalogado como NEE, sea considerado como doble plaza. Confían en introducir mejoras durante el trámite parlamentario mediante enmiendas que refuercen el enfoque inclusivo de la norma.
¿Cómo impactará la reforma en la jornada y condiciones del profesorado?
La ley incorpora una reducción de la jornada lectiva semanal. En primaria, el máximo quedará fijado en 23 horas, mientras que en secundaria se establecerá en 18 horas.
El objetivo consiste en aliviar la carga directa en el aula y liberar tiempo para tareas de coordinación, preparación y seguimiento individual del alumnado.
Fuentes negociadoras han adelantado que también se impulsará una mejora adicional para el profesorado mayor de 55 años, con una reducción específica de horas lectivas.
El planteo responde a una reivindicación histórica del colectivo docente, que reclama condiciones más equilibradas en la etapa final de la carrera profesional.
El Ejecutivo pretende acelerar el calendario para que las primeras medidas se apliquen en el curso 2026-2027. La Conferencia Sectorial del 6 de marzo será clave para medir el respaldo territorial a una reforma que exige coordinación con las comunidades autónomas, responsables de la gestión directa de los centros educativos.