En esta noticia
El Ministerio de Educación sostiene que las nuevas medidas incluidas en el anteproyecto de ley para mejorar las condiciones laborales del profesorado no universitario no supondrán un aumento del gasto público.
Entre las disposiciones se contempla la reducción del número de alumnos por aula, la incorporación de apoyos educativos para estudiantes con necesidades especiales y la disminución de la jornada lectiva docente.
Según la memoria económica del proyecto, estos cambios podrían incluso mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, ya que muchas comunidades autónomas ya aplican reducciones horarias y ratios más bajas de forma natural.
El documento, que se encuentra en trámite de audiencia hasta el 20 de noviembre, subraya que la educación tiene un impacto económico positivo a largo plazo, al incidir directamente en el desarrollo y el desempeño social.
Además, el Ministerio asegura que la implantación progresiva de las medidas coincidirá con el descenso demográfico del alumnado, lo que permitiría su aplicación sin tensiones presupuestarias significativas.
¿Cómo se aplicará la bajada de ratios sin aumentar el gasto público?
El plan prevé una reducción del número máximo de estudiantes por aula: hasta 22 en Educación Primaria y 25 en Secundaria, frente a los 25 y 30 actuales, respectivamente.
Además, los alumnos con necesidades educativas especiales contarán doble en el cómputo, una medida que busca garantizar una atención más personalizada.
Sin embargo, Educación descarta la creación de nuevas aulas o desdobles físicos, apostando en cambio por modelos de codocencia —dos profesores trabajando en la misma clase— y sistemas de apoyo interno que eviten costes estructurales adicionales.
El Ministerio argumenta que muchas de las ratios propuestas ya se cumplen en diversas regiones del país. Comunidades como Extremadura, Castilla y León o Galicia presentan promedios que oscilan entre los 16 y 19 alumnos por clase, mientras que otras como Cataluña o Melilla superan los 26.
En ese contexto, el Ejecutivo confía en que la convergencia de cifras y el descenso de la natalidad faciliten la aplicación sin impacto económico significativo.
¿Qué advierten los sindicatos sobre el impacto financiero?
Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) discrepan de la visión del Gobierno. Según su informe de inicio de curso, la reducción de ratios y el refuerzo del alumnado con necesidades educativas especiales o de aprendizaje podrían elevar el gasto educativo en más de 3600 millones de euros.
El sindicato calcula que solo la mejora del apoyo a estudiantes con NEE y DEA supondría un aumento del 3,46% del presupuesto, equivalente a unos 2081 millones, además de requerir la contratación de unos 35.000 docentes adicionales.
CCOO también advierte sobre el incremento sostenido del alumnado con necesidades específicas: los casos de NEE han crecido más de un 36% en seis años, mientras que los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje —como dislexia, discalculia o trastornos del lenguaje— se han incrementado un 66%.
El sindicato reclama que estos datos se traduzcan en una planificación presupuestaria realista que garantice recursos suficientes y una atención educativa de calidad en todas las comunidades autónomas.
