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Este mes entró en vigor un cambio significativo para los trabajadores, gracias a la reforma del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. La nueva normativa establece que los trabajadores que sufran impagos o retrasos continuados en el pago de su nómina pueden dejar su puesto y cobrar indemnización y paro, como si se tratara de un despido improcedente.

La modificación, que comenzó a aplicarse el 3 de abril, concreta las condiciones bajo las cuales estos retrasos o impagos se consideran "causa justa" para solicitar la baja voluntaria con derecho a una compensación. Así, los empleados pueden demandar judicialmente por sus derechos, un proceso que se ha simplificado gracias a esta reforma.

La nueva reforma facilita que los empleados afectados por impagos puedan solicitar el paro y una indemnización similar a la de un despido improcedente. (Foto: Freepik)

Indemnización y paro: ¿qué implica esta reforma para los trabajadores?

Con la nueva modificación, se establece que los trabajadores pueden considerar como "retraso" el hecho de que su salario sea abonado con más de 15 días de demora. Además, si se acumulan seis retrasos durante un año, o tres impagos en el mismo período, el trabajador podrá solicitar la extinción de su contrato con derecho a indemnización y prestación por desempleo.

Requisitos clave para solicitar indemnización y paro

  • Retraso en el pago: más de 15 días de retraso en el salario.

  • Frecuencia de los retrasos: seis retrasos durante un año o tres impagos en el mismo período.

  • Proceso judicial: aunque el trabajador tiene derecho a reclamar, esta extinción del contrato no es automática; se debe interponer una demanda judicial para que el derecho a indemnización y paro sea reconocido.

  • Permanencia en el puesto: el trabajador debe seguir en su puesto hasta que el procedimiento judicial esté resuelto.

Los trabajadores podrán reclamar judicialmente si sufren seis retrasos en el pago de su salario durante un año. (Foto: Freepik)

Beneficios de esta modificación

Esta reforma refuerza la protección de los trabajadores frente a situaciones de impagos o demoras en el salario, permitiendo que los empleados en esta situación puedan acceder a las mismas garantías que aquellos despedidos de manera improcedente. Entre los beneficios más destacados se incluyen:

  • Indemnización: el trabajador podrá recibir una compensación económica equivalente a 33 días de salario por cada año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.

  • Acceso al paro: a pesar de que la salida es voluntaria, el trabajador podrá acceder a la prestación por desempleo, una ventaja crucial para quienes enfrentan problemas económicos.