Compiten por separado. Tanto, que en las PASO del 9 de agosto participan en cuatro “internas” distintas. Tres son opositores y el otro, kirchnerista. Pero, además de sus pretensiones de suceder a Cristina Kirchner en la Casa Rosada, tienen otra cosa en común: Daniel Scioli, Mauricio Macri, José Manuel de la Sota y Adolfo Rodríguez Saá realizaron publicidades ilegales en el marco de sus campañas.

Así lo denunció la campaña #Publicidad ilegal que lanzaron las ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano, que incluye un portal con información sobre por qué esas spots son ilegales y una campaña de firmas en change.org.

Los videos citados de los cuatro candidatos presidenciales “utilizan abusivamente la publicidad oficial y a través de ella inducen al voto para las próximas elecciones”. No sólo eso: también violan la reglamentación sobre los períodos, ya que la ley electoral “prohíbe la publicidad audiovisual antes de los 20 días previos a las elecciones nacionales”, destaca la campaña.

Scioli, De la Sota y Macri aprovechan los lugares que ocupan como jefes de los ejecutivos de Buenos Aires, Córdoba y la Capital Federal, y Rodríguez Saá, su paso como ex gobernador de San Luis.

“Los spots –subraya publicidadilegal.org- emiten mensajes más propios de una campaña electoral que de una acción comunicativa de un gobierno provincial. Asimismo, reproducen la imagen y voz de los respectivos candidatos, utilizan los colores y la estética de sus partidos, y expresan slogans identificados con ellos. Pese a que se trata de publicidades de gobiernos provinciales, varias de ellas realizan comunicaciones de alcance nacional, en un año electoral en el que son candidatos presidenciales”.

“Estos candidatos están obteniendo ventajas indebidas frente a sus contendientes que no gobiernan ningún distrito, pues mientras los primeros publicitan su imagen a través de una supuesta comunicación institucional, los segundos deben esperar al período habilitado legalmente para publicar spots televisivos y limitarse a los cupos que otorgue la autoridad electoral”, agrega, antes de pedirles a los candidatos “que ajusten su campaña política a los términos establecidos en las leyes electorales” y llamar a la Justicia Electoral a que “adopte medidas para hacerlas cesar”.