Los fusilamientos de guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria que se rindieron tras el frustrado intento de copamiento del cuartel de La Tablada en 1989 no son delitos de lesa humanidad, según dispuso la Cámara Federal de San Martín.
El tribunal revocó una decisión del juez de primera instancia de Morón Germán Castelli y, de esta manera, dejó la causa virtualmente al borde de la prescripción.
En el expediente se investigan las torturas y ejecuciones a que fueron sometidos una decena de guerrilleros después de rendirse, tras la recuperación de la unidad por fuerzas militares.