El Senado convirtió en ley el proyecto que declara “de utilidad pública y sujetas a expropiación las empresas Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y sus compañías dependientes Jet Pack, Optar y Aerohandling.
Por 42 votos a 20, la Cámara alta habilitó de esta manera a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a que firme el decreto para poder avanzar en la expropiación.
La reacción de la empresa española no se hizo esperar: poco antes de las 17, apenas el Senado habilitó la posibilidad de expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral, el grupo español Marsans presentó una demanda judicial ante el Ciadi, organismo de arreglo de controversias del Banco Mundial.
La iniciativa que acaba de votarse establece que el Estado sólo se hará cargo de las “deudas legítimas de Aerolíneas, que deberán ser identificadas y diferenciadas de las “ilegítimas , generadas por operaciones dolosas o mala gestión de Marsans.
La oposición, sin embargo, denuncia que el Estado correra indefectiblemente con el pasivo de la empresa. Pero no pudo elaborar un dictamen único y presentó dos iniciativas: una de la UCR y el socialismo, que pidió la creación de una nueva empresa y la expropiación sólo de los activos de la compañía, y otra del ex gobernador puntano, el justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá, que reclamó la quiebra con continuidad de los servicios.
Antes de la votación, el titular de la UCR, Gerardo Morales, dijo que "esta es la peor salida por lo cara, porque es la más onerosa para los argentinos, y porque jurídicamente es el peor camino".
El socialismo Rubén Giustiniani dijo que la historia de Aerolíneas fue ‘la crónica del saqueo en tres etapas: la primera con Iberia, después con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), de España, y la tercera con el grupo Marsans, que, recordó, ‘la compró por un dólar".
Con esta ley, el Estado argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá “todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren para “garantizar la continuidad y seguridad del servicio .
Además, deberá encargarse del mantenimiento de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas y presentar en seis meses un plan de negocios para las compañías, intervenidas judicialmente desde el 21 de noviembre pasado.
La Ley de Expropiaciones de Argentina establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de utilidad pública y que por él debe pagarse una indemnización que “solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación .
Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización “dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación , organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un “valor simbólico de un peso.
Para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recomendó hace un mes debatir esta ley de expropiación, después de que Marsans rechazara vender la firma al Estado argentino por un “valor simbólico .
El Gobierno y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.
El grupo español advirtió que demandará al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones, tribunal dependiente del Banco Mundial.