Una por una, todas las leyes que impulsó Bullrich con Milei y en qué estado quedaron

El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron este jueves el envío de una reforma del Código Penal en un acto en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza. ¿Cuántos proyectos de Seguridad acumula el Congreso? En este caso se tata de una iniciativa que principalmente busca unificar todas las modificaciones parciales que se hicieron en los últimos años 104 años, ya que el Código Penal vigente es de 1921. De esta manera, el código se ampliaría de 316 a 920 artículos. Hasta ahora, la ministra Bullrich participó de muchos intentos de reformas penales por ley. Algunas modificaciones consiguieron el aval del Congreso díscolo, como la Ley Antimafias, Juicio en Ausencia y la ley de Reincidencia y Reiterancia, que obtuvieron su sanción. Además, el Gobierno avanzó con reformas de las fuerzas de seguridad mediante decretos y resoluciones, aunque su alcance es limitado puesto que la Constitución no permite avanzar sobre materia penal por esta vía. Una fue la resolución 943/2023 que estableció el Protocolo "para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", conocido como el "Protocolo anti-piquetes". Con los decretos delegados otorgados por la Ley Bases también modificó estatuto de la Policía Federal y recientemente publicó del decreto 383/3035 que derogó la Ley Orgánica de la PFA, vigente desde 1958. De esta manera, amplió las facultades y funciones de las fuerzas, como por ejemplo que puedan demorar por un tiempo máximo de 10 horas a una persona que no pueda acreditar su identidad, incluso sin orden judicial. En aquella ley originalmente también habían planteado una reforma penal para ampliar la legítima defensa y subir penas por interrumpir el tránsito o resistirse a la autoridad, pero durante el tratamiento de la Ley Bases todo su capítulo quedó descartado en Diputados. El primer paquete de reformas del ministerio de Seguridad incluyó el anuncio de un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan participar en operativos de seguridad interior, una iniciativa que apunta principalmente a combatir el narcotráfico. El tema fue instalado a principios de gestión, cuando se incrementaron los casos de violencia en la ciudad de Rosario, Santa Fe, pero nunca fue tratado. El accionar de las FFAA en el control interno solo está permitida en caso de Estado de Sitio. Según explican los argumentos del proyecto, la modificación es para que "en caso de producirse un acto destinado a aterrorizar a la población" el Comité de Crisis esté facultado a solicitar al ministerio de Defensa la intervención de las fuerzas para el "restablecimiento de la Seguridad Interior", lo cual implicaría patrullaje, control de personas y vehículos y detención en flagrancia. El Congreso sí trató y aprobó la denominada "Ley Antimafias" en sesiones extraordinarias durante el mes de febrero, casi un año después de su presentación. La iniciativa está basada en la Ley RICO (Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas) que se aplica en Estados Unidos desde 1970 para luchar contra el crimen organizado. Dentro de sus puntos principales, la ley permite declarar ciertas áreas como "zonas sujetas a investigación especial" para facilitar el accionar de la Justicia y endurece las penas para quienes formen parte o colaboren con organizaciones criminales con condenas de 8 a 20 años. En este sentido, un punto clave es que eliminó las diferenciaciones según el rol dentro de la mafia para que todos los actores tengan la pena más alta. Otra de las leyes que consiguió sanción en el Congreso fue la iniciativa del Gobierno para que se puedan obtener muestras de cualquier imputado mayor de 18 años por delitos sexuales a través de un Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal. De esta manera, el registro permite comparar las huellas y trazos que se obtengan en la escena del crimen con el perfil genético de los imputados y condenados. También agrega que los familiares de las víctimas puedan hacer un aporte voluntario del material genético y comparar el ADN de una persona no identificada. Producto también de las sesiones extraordinarias de febrero, el Senado le dio sanción a la ley que establece cambios en el Código Penal y Código Procesal Penal sobre la reiterancia, reincidencia, el concurso de delitos y unificación de penas. Este permite que una persona que tenga varios expedientes penales abiertos pueda ser sometido a prisión preventiva aunque no esté procesado. Antes, solamente podía ser privado de su libertad sin condena firme si había riesgo de fuga o entorpecía la investigación. Por otra parte, el paquete de reformas también incluyó una modificación en el Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la celebración del juicio cuando el imputado este ausente. Se aplica para los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los de terrorismo conforme a la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Para que proceda el juicio en ausencia el imputado deberá ser declarado rebelde, y ello ocurrirá cuando este no se presentare o respondiere las citaciones de la autoridad judicial, o si habiéndose hecho intentos razonables por tenerlo a derecho este no se presentare. El Gobierno también había presentado un proyecto para aplicar penalidades a la organización de piquetes, ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas, entre otras cuestiones clave. Nunca se trató. El proyecto para bajar la edad de imputabilidad fue otro tema que avanzó en el Congreso y, tras una decena de reuniones de comisión, amagó con conseguir dictamen en Diputados pero finalmente nunca se efectuó por la agenda opositora. Los bloques habían llegado a un consenso de determinar la edad de imputabilidad en 14 años en vez de 13 como planteó originalmente el Gobierno. Lo esencial del proyecto era que proponía la creación de un régimen para menores con institutos especializados, con personal capacitado y sin contacto con adultos Figura del "supervisor" a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. No contaba con una fuente de financiamiento. La Comisión para la Reforma del Código Penal que conformó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y presidida por Horacio Romero Villanueva, abogado y docente, elaboró un anteproyecto para concentrar toda la legislación penal en un único cuerpo normativo. Dentro de sus integrantes se encuentra Mariano Borinsky, presidente de la comisión durante el gobierno de Mauricio Macri y juez de la Cámara Federal de Casación Penal; María Eugenia Capuchetti, juez federal de Comodoro Py; Julio César Báez, juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4, entre otros profesionales. Pero además el nuevo Código endurece las penas para delitos de fuerte impacto social, inclusive la no prescripción -corrupción, narcotráfico, trata de personas, delitos sexuales, crímenes cometidos con nuevas tecnologías- y agrava las sanciones cuando las víctimas son menores, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad. También introduce la tipificación de nuevas figuras como el "stealthing"-, grooming, pornovenganza, acoso sexual y hostigamiento, entre otros- y crea figuras específicas para modalidades delictivas actuales como el "motochorro", las "viudas negras" o los "secuestros virtuales". Finalmente, la reforma introduce nuevamente el planteo de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en delitos graves, la edad con mayor consenso durante el debate en el Congreso.

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Daniela Romero

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