En esta noticia
- El primer capítulo: la privatización de YPF
- 2012: la chispa que encendió todo
- 2015: Burford Capital entra en acción
- 2019: la Corte Suprema de EE.UU. confirma la jurisdicción
- Marzo de 2023: la primera derrota, Preska define la responsabilidad
- Septiembre de 2023: condena histórica de u$s 16.100 millones
- Enero de 2024: el fallo se vuelve ejecutable
- Junio de 2025: la transferencia del 51% de YPF y el primer freno
- Octubre de 2025: la audiencia oral que ilusionó a la Argentina
- Marzo de 2026: segundo freno a Preska y amicus curiae de EE.UU.
- 27 de marzo de 2026: la Cámara revoca todo y Argentina sale victoriosa
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar más de u$s 16.000 millones al fondo Burford Capital por la expropiación de YPF en 2012.
En un giro de 180 grados a la dinámica que el proceso había tenido desde sus inicios, en 2015, el tribunal determinó que los reclamos de los demandantes no se ajustan al derecho argentino y que los estatutos societarios no generan un vínculo contractual directo entre el Estado y los accionistas minoritarios.
El caso regresará ahora al juzgado de primera instancia para que la jueza Loretta Preska revise su decisión. Al promediar la rueda, las acciones de Burford se derrumbaban más de 40%, mientras las de YPF subían cerca de 5%. El fallo de hoy comienza a cerrar un capítulo cuyos orígenes se remontan a los tiempos del menemismo cuando se privatizaron casi todas las empresas del Estado.
El primer capítulo: la privatización de YPF
Hay que ir al a década del 90’, a la presidencia de Carlos Menem, para comenzar a entender la historia. El gobierno peronista decidió avanzar, así como lo había hecho con otras empresas, con la privatización de la petrolera.
El traspaso a manos de Repsol se concretó en 1993 cuando el Estado vendió casi la totalidad del capital de la empresa y listó sus acciones en Nueva York.
El acuerdo contenía una cláusula que pasó desapercibida por entonces, pero que resularía clave luego: cualquier actor que tomara el control debía realizar una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones, a un precio fijado por una fórmula preestablecida.
Esa disposición, pensada para proteger a los accionistas minoritarios, sería el punto de partida luego del litigio que tendría al país contra las cuerdas.
2012: la chispa que encendió todo
El 16 de abril de 2012, el gobierno de Cristina Kirchner tomó el control del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol.
La medida fue ejecutada por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, quien defendió la estatización argumentando que la compañía no producía suficiente petróleo y gas para abastecer la demanda interna. Repsol recibió finalmente una compensación de unos u$s 5000 millones.
El problema que daría origen al litigio fue la decisión de ignorar el artículo 7° del estatuto, que obligaba a quien adquiriera más del 15% de la empresa a lanzar una OPA para el resto de los accionistas.
Petersen Energía —controlada por la familia Eskenazi, el segundo mayor accionista— y el fondo Eton Park Capital —que poseía el 3,04% de las acciones desde noviembre de 2010— no recibieron esa oferta. Además, el Estado suspendió el giro de dividendos, lo que empujó a Petersen a la quiebra, al no poder pagar los créditos con los que habían financiado su compra accionaria.
Kicillof resumió la postura oficial con una frase que marcaría el juicio: dijo que sería “estúpido” cumplir “la ley de la propia YPF” y “respetar sus estatutos”.
2015: Burford Capital entra en acción
Con las empresas Petersen declaradas en quiebra en España, el administrador concursal del Juzgado de lo Mercantil N°3 de Madrid identificó que el único activo valioso era el derecho a demandar a la Argentina. Ante la falta de recursos para financiar el litigio, abrió un concurso.
Burford Capital —un fondo de litigios con sede en el Reino Unido— ganó la subasta con una oferta de apenas 15 millones de euros y se quedó con el 70% de cualquier eventual indemnización. También financió la demanda de Eton Park.
Ese mismo año, el fondo buitre inició formalmente la demanda en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, argumentando que YPF y el Estado argentino habían aceptado la jurisdicción estadounidense a través de sus prospectos de emisión registrados ante la SEC.
2019: la Corte Suprema de EE.UU. confirma la jurisdicción
El gobierno de Mauricio Macri intentó que el caso se trasladara a la Argentina, argumentando que el litigio debía resolverse ante la justicia local.
Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó ese planteo y confirmó la competencia de los tribunales de Nueva York.
El argumento de la jurisdicción quedó sellado, aunque la defensa argentina seguiría utilizándolo en instancias posteriores.
Marzo de 2023: la primera derrota, Preska define la responsabilidad
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que había tomado el caso luego del fallecimiento de Thomas Griesa, emitió un fallo de responsabilidad que fue un revés total para la Argentina.
La magistrada determinó que el Estado era responsable ante Petersen y Eton Park por no haber lanzado la OPA en 2012; que YPF, en cambio, quedaba eximida de responsabilidad; y que los argumentos argentinos para reducir los daños eran inválidos.
El fallo afirmó que “una vez que el tribunal decide las cuestiones legales, los hechos de este caso demandan un resultado particular” y que “no existe ninguna cuestión de hecho sobre si la República incumplió”.
Septiembre de 2023: condena histórica de u$s 16.100 millones
El 8 de septiembre, Preska determinó que la fecha exacta de la estatización fue el 16 de abril de 2012 y aceptó el cálculo de intereses propuesto por los peritos de Burford, a una tasa del 8% anual.
El 15 de septiembre dictó la sentencia definitiva de primera instancia: la Argentina debía pagar u$s 14.390 millones a Petersen y u$s 1710 millones a Eton Park, con una condena total de us 16.100 millones —incluyendo u$s 8430 millones en daños y u$s 7670 millones en intereses acumulados durante 11 años-.
El presidente Milei anunció la apelación y acusó a Kicillof por la expropiación.
Enero de 2024: el fallo se vuelve ejecutable
La Argentina apeló la sentencia, pero no presentó ninguna garantía económica (“supersedeas bond”) para suspender su ejecución mientras tramitaba el recurso.
En consecuencia, el 11 de enero de 2024 la jueza Preska habilitó a Burford a avanzar con la ejecución del fallo, permitiendo la búsqueda de activos del Estado argentino que pudieran ser embargables en suelo estadounidense.
Con los intereses acumulados desde 2023, la deuda ya rondaba los u$s 18.000 millones al momento de los alegatos de apelación.
Junio de 2025: la transferencia del 51% de YPF y el primer freno
En junio de 2025, la jueza Preska escaló la presión y ordenó que la Argentina transfiriera el 51% de las acciones de YPF al Banco de Nueva York Mellon como pago parcial de la sentencia —un plazo de apenas 14 días.
La medida sacudió al mercado: las acciones de la petrolera cayeron más de 5% en cuestión de horas.
Sin embargo, en julio la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito intervino y suspendió esa orden, frenando la estrategia de Preska por primera vez. El gobierno argentino calificó la decisión como “histórica y sin precedentes”.
Octubre de 2025: la audiencia oral que ilusionó a la Argentina
El 29 de octubre se realizó la audiencia oral ante la Cámara de Apelaciones.
Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon durante 96 minutos los argumentos de la defensa argentina —el estudio Sullivan & Cromwell LLP— y de Burford Capital.
La defensa presentó tres líneas argumentales:
- Que el caso debía tramitarse en Argentina.
- Que Preska había interpretado erróneamente el derecho argentino.
- Y que, subsidiariamente, la indemnización debía calcularse desde 2012.
El tono de las preguntas de los jueces, especialmente sobre la jurisdicción y el derecho argentino aplicable, generó optimismo en el gobierno de Milei.
Marzo de 2026: segundo freno a Preska y amicus curiae de EE.UU.
En las semanas previas al fallo, la Cámara de Apelaciones volvió a intervenir: ordenó suspender el proceso de búsqueda de activos y la moción de desacato que Burford impulsaba para forzar a Argentina a negociar.
Burford esperaba que Preska declarara a la Argentina en desacato en una audiencia prevista para el 31 de marzo y 1° de abril, pero la suspensión dejó sin efecto ese encuentro.
En paralelo, el gobierno de Donald Trump se presentó como amicus curiae ante la Cámara en favor de la Argentina —un apoyo que distintos actores judiciales y políticos señalaron como relevante en las instancias finales del litigio.
27 de marzo de 2026: la Cámara revoca todo y Argentina sale victoriosa
En un desenlace inesperado para la mayoría de los analistas, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó íntegramente la condena.
Los jueces determinaron que, bajo el derecho civil argentino, los estatutos de YPF no constituyen un contrato bilateral entre el Estado y los accionistas, sino un contrato plurilateral de organización interna. Por tanto, la cláusula de la OPA no genera un vínculo contractual directo con los accionistas minoritarios.
Además, señalaron que los demandantes no aportaron ningún precedente del derecho argentino que reconozca una acción de daños por incumplimiento de estatutos entre accionistas.
Un segundo argumento giró en torno al artículo 28 de la Ley General de Expropiación, que prohíbe acciones de terceros que interfieran con una expropiación. La Cámara también confirmó la absolución de YPF como empresa.
El caso retorna al juzgado de Preska para que revise su decisión a la luz de estas conclusiones. Las partes tendrán como último recurso la Corte Suprema de los Estados Unidos.
“Ganamos el juicio de YPF”, escribió Milei en sus redes sociales. Por su parte, la expresidenta Cristina Kirchner reivindicó la estatización de 2012 y agradeció públicamente al equipo de Sullivan & Cromwell LLP.