El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su tour por las provincias y hoy hace base en Mendoza para reunirse con su gobernador, Alfredo Cornejo. En este sentido, el principal negociador político hoy de la Casa Rosada busca sumar las voluntades necesarias para aprobar la reforma laboral en el Congreso. Qué pide a cambio el mendocino y cuál es el pedido que se está gestando por parte de los gobernadores.
El gobernador de Mendoza es uno de los aliados de Milei, sin embargo, tiene su propia situación personal en la provincia. En este sentido, la demanda de Cornejo no se reducirá únicamente a obra pública para su provincia para apoyar la reforma laboral, sino también solicitará postergar puntos claves del proyecto que impulsa Javier Milei.
En Mendoza, los radicales, dirigidos por Cornejo, se aliaron con La Libertad Avanza durante las elecciones para vencer al peronismo provincial. La alianza de La Libertad Avanza (nacional) con Cambia Mendoza (oficialismo provincial) fue la fuerza más votada, superando ampliamente al resto con el 53% de los votos.
Hebe Casado, la vicegobernadora de Cornejo, está oficialmente afiliada a La Libertad Avanza, lo que muestra un compromiso de parte de la exPRO.
Fuentes calificadas indicaron en diálogo indicaron a El Cronista que, en su charla con Santilli, el gobernador busca poner sobre la mesa sus propios pedidos por obra pública. Pero no solamente ello: también quiere trasladar un pedido concreto, que comparte con otros jefes provinciales, sobre el futuro tratamiento de la reforma laboral.
El mendocino reclama por las tres rutas nacionales que están inconclusas en la Provincia (en total hay seis, las otras tres se ha hecho cargo la provincia). La ruta 40 Mendoza/San Juan, la ruta internacional 7 (corredor internacional a Chile) y la Ruta 40 Mendoza/Neuquén.
Asimismo, el dato fuerte es que Cornejo hoy está entre uno de los por lo menos ocho gobernadores que están charlando la necesidad de dejar de lado la reforma fiscal que está dentro de la reforma laboral. A los mandatarios les preocupa el impacto del proyecto de reforma laboral sobre el impuesto a las ganancias y sus consecuencias en la coparticipación para las provincias.
El proyecto del Ejecutivo propone modificar las alícuotas del inciso A del artículo 73 de la ley de Impuesto a las Ganancias. Así lo confirmó una voz cercana a los mandatarios, Cornejo propondrá a Santilli que se posponga el capítulo fiscal de la reforma laboral.
“Que se haga cargo el gobierno nacional de la reforma impositiva, solo en el año 2026 en la primera etapa y lo pase para el 2027-28″, afirmó una voz mendocina en diálogo con El Cronista. Esta postura no es sólo de Cornejo. Son varios los gobernadores que tienen en la mira ese apartado fiscal porque saben la merma las arcas provinciales.
Desde La Pampa, por ejemplo, confirmaron a El Cronista que esto le restaría entre $20.000 millones y $35.000 millones anuales.
Según confirmaron desde el Ministerio de Hacienda de la provincia a El Cronista, no hay una charla formal entre gobernadores sobre el tema, pero si hay una preocupación colectiva. “El impacto fiscal es importante, y más en esta época donde los ingresos no son buenos producto de la baja actividad económica”, precisaron desde esa cartera provincial.
Sobre la posibilidad de apoyar la propuesta del Ejecutivo si se saca ese artículo en particular, fuentes allegadas al gobernador dejaron abierta la puerta: “Depende”.“No hay negociación posible de la reforma laboral tal como la propone la Casa Rosada”, remarcaron voces pampeanas con un mensaje claro. Si no se cambia la letra chica no hay acuerdo posible, añaden.
Disputa con Provincias Unidas
La Unión Cívica Radical (UCR) volvió a exhibir sus tensiones internas en la Cámara de Diputados. A menos de un mes del recambio legislativo y con una nueva conducción partidaria en funciones, Provincias Unidas formalizó un pedido ante el Comité Nacional para que el bloque mayoritario deje de utilizar el nombre del partido.
El planteo fue impulsado por los diputados que integran el interbloque de los gobernadores centro, quienes enviaron una nota al recientemente asumido presidente del Comité Nacional, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.
En el escrito, sostienen que la denominación “Unión Cívica Radical” no puede ser atribuida a un bloque cuya conducta legislativa, afirman, contradice resoluciones explícitas adoptadas por la conducción partidaria. Fuentes allegadas a la UCR, aseguraron a El Cronista que el bloque de Diputados Nacionales de la UCR se impuso.
“Fracaso rotundo de la maniobra plateada por PU, una minoría que siempre fue rupturista. El Comité Nacional no tiene pensado tratar el pedido realizado por Provincias Unidas”, aseguraron desde el ala del gobernador.
Para la UCR, Provincias Unidas tiene una “debilidad numérica” por la cual no pueden reclamar por para sí el sello y por tanto no quieren que nadie más lo use.
El bloque compuesto por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz están por fuera de la orgánica partidaria, incluso Martín Llayora es peronista.
Vienen por fuera de la Orgánica partidaria, tienen otro nombre, toda una incoherencia. “Si quieren dar ese debate, tendrán que integrar el bloque de Diputados de la UCR. Ellos se fueron, nadie los echó”, aseveraron.