La Corte de Estados Unidos finalmente tomó la decisión de rechazar la apelación de la Argentina para interferir en el juicio contra los fondos buitre, que obliga al país a saldar u$s 1.500 millones en efectivo y a los agentes financieros que participan del pago de deuda regularizada a retener desembolsos si no cumple con el pago. Ahora, la Argentina tiene tres posibles caminos a seguir: declararse en default, cumplir con la totalidad del pago, o declarar default técnico e intentar pagar la deuda reestructurada en Buenos Aires.

Tal como anunciaba El Cronista en su edición de papel el 4 de junio, fuentes oficiales y del mercado, una de las alternativas por las que podría decidirse el Gobierno es intentar pagar la deuda reestructurada en Buenos Aires, vía Caja de Valores, en vez de hacerlo en Nueva York, para sortear eventuales embargos.

Aunque esa alternativa no evita el default técnico, dejaría la sensación de voluntad de pago de parte del gobierno de Cristina Fernández y así había sido prometido por la Presidenta en cadena nacional cuando mencionó la posibilidad de un canje voluntario de bonos para cambiar los títulos con legislación de Nueva York por otros de ley argentina.

En esta maniobra, el Tesoro depositaría los dólares en un banco local (el Banco Nación, por ejemplo), que abriría cuentas para los tenedores de bonos en Caja de Valores para, desde allí, girar los pagos al exterior, explicó un operador financiero.

“Sin embargo, cualquier cambio de las cláusulas contractuales requiere la aprobación del 85% de los tenedores de bonos. Asimismo, vemos improbable un cambio de jurisdicción ya que muchos tenedores institucionales de los EE.UU. se verían inhibidos de mudar los bonos a Argentina contraviniendo una orden de la Justicia americana. Por último, se podría depositar el pago en una cuenta fiduciaria, pendiente de la eventual resolución del litigio, demostrando la voluntad de pago”, puntualizaba en un informe, a principio de este mes, la consultora Elypsis.

La operatoria es muy compleja y no está exenta de riesgos. Por un lado, el Gobierno evadiría a los agentes de pago: el Bank of New York (BONY) y la cámara compensadora Depositary Trust & Clearing Corporation (DTC), integrantes del fideicomiso ideado en el canje de 2005 para evitar embargos. Es DTC recibe y cursa los pagos y, por ende, conoce quiénes son los tenedores de bonos. El BONY es el agente fiduciario. Eso traería problemas legales a esas entidades estadounidenses, ya que deberían prestar colaboración en el eventual cambio de sede y eso podría interpretarse como una incumplimiento del fallo, que también los obliga a retener el dinero. En este caso, se deberían canjear los bonos, algo que no pueden hacer sin la asistencia del BONY y el DTC.

Las otras dos alternativas son más tajantes se cumple con el total del la deuda antes del 30 de junio o se declara el default y se renegocia nuevamente el 100% de la deuda.

En el primer caso, “es altamente probable que el resto de los holdouts en similares condiciones se sumen al litigio, con lo que este monto, según los abogados argentinos, podría elevarse (como máximo) hasta u$s 15.000 millones”, indica la consultora que dirige el economista Eduardo Levy Yeyati.