El Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías anunció ayer que el Ministerio de Justicia y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción (OA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y la Unidad de Información Financiera (UIF) están preparando un código de cumplimiento de normas éticas al que tendrán que adherir, primero los ganadores de proyectos de obra pública con PPP y después todos los contratistas del Estado.
Según indicó, el Estado tendrá facultades para controlar el cumplimiento de ese código, concluyó Saravia Frías. El anuncio, en conjunto con el del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, apuntó a mantener el ritmo de la obra pública en el contexto de los "Cuadernos K".
En ese orden, aunque el Gobierno enfatizó su intención de salvar los puestos de trabajo en las empresas constructoras de la "patria contratista" forzando el alejamiento de sus firmas de los empresarios "arrepentidos" ante la Justicia, que confesaron haber pagado coimas, la propia ley de PPP puede conspirar contra ese objetivo.
El Estado no hará nada contra ninguna compañía mientras no haya "sentencia firme", pero la mancha reputacional que queda para ciertas empresas después del "arrepentimiento" judicial de su accionista emblemático, puede provocar que la entidad que forma parte de un contrato le reclame a la firma en problemas judiciales que venda su parte.