La justicia suiza envió un exorto para pedir a los juzgados argentinos toda la información sobre causas que involucren al Jefe de la CGT, Hugo Moyano y a su hijo Pablo, dirigente del Sindicato de Camioneros. Como siempre sucede en esos casos, el pedido fue recibido por la Cancillería y luego girado a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, que sorteó a qué juez le derivaba el reclamo del Ministerio Público Fiscal de Suiza: la suerte dictaminó que ese expediente cayera ayer en el juzgado de un viejo conocido de la Casa Rosada y de los Moyano, el juez Norberto Oyarbide, que ya investiga al jefe camionero en la causa conocida como la Mafia de los Medicamentos por la entrega a trabajadores sindicalizados de remedios falsificados o en mal estado. El juez Claudio Bonadío también tiene en la mira a Moyano en un expediente que intenta determinar si se adulteraron troqueles de envases de medicamentos para cobrar subsidios del Estado.

Según informó el Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema, el exorto se refiere a una causa radicada en Suiza por operaciones sospechosas de lavado de activos y en cuya investigación habrían surgido vinculaciones con una empresa supuestamente relacionada con Hugo Moyano. Fuentes que conocen la investigación informaron que esa empresa es Covelia SA, la compañía de recolección de basura que controla ese negocio en el conurbano bonaerense y que fuentes del mercado vinculan con el camionero (ver aparte).

Además del expediente que tiene en su poder Oyarbide y el de Bonadío, también el juez Ariel Lijo inició una investigación por presunto lavado de activos. Oyarbide deberá enviar esos papeles y también reclamar al resto de los juzgados federales que informen si tienen a su cargo otras investigaciones sobre el camionero o su hijo Pablo.

Hasta anoche, la justicia no había informado cómo se inició la investigación en Suiza ni de qué manera los tribunales de ese país lograron relacionar las cuentas que tiene Covelia en bancos de ese país con la familia Moyano para enviar el exorto a la cancillería argentina, ya que el Jefe de la CGT siempre negó relaciones con esa compañía. Sin embargo, aunque no exista denuncia específica sobre Covelia en Suiza, los bancos de ese país están obligados por convenios internacionales a informar a la justicia de su país cuando detectan movimientos de dinero que pueden ocultar operaciones de lavado de activos.