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La negociación salarial de los trabajadores aceiteros volvió a ingresar en una zona de máxima tensión. Tras una nueva audiencia realizada en el marco de la conciliación obligatoria, los sindicatos del sector denunciaron que las empresas ofrecieron apenas $15.000 de aumento para mayo y advirtieron que el conflicto podría desembocar en una nueva huelga nacional con impacto sobre los principales puertos exportadores del país.

La advertencia llega cuando se acerca el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo a fines de mayo, luego de que una medida de fuerza amenazara con paralizar la actividad en terminales portuarias y plantas procesadoras de granos en pleno período de liquidación de la cosecha gruesa.

Fuentes gremiales consultadas por El Cronista aseguraron días atrás que, de no producirse un cambio de postura por parte de las empresas, el escenario apunta a un “choque frontal” y a una posible huelga por tiempo indeterminado una vez agotadas las instancias administrativas. “No hay otra posibilidad”, advirtieron. Según esas fuentes, las cámaras empresarias mantienen una posición cercana al “0%” de incremento para el período en discusión.

La escalada se profundizó este miércoles, cuando la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo difundieron un duro comunicado titulado “Una nueva provocación de las patronales”.

Daniel Yofra, de Aceiteros, una de las expresiones más duras del sindicalismo actual.

Allí denunciaron que la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) presentó una propuesta de apenas $15.000 para mayo durante la quinta reunión paritaria realizada en la Bolsa de Comercio de Rosario. Para los gremios, la oferta constituye un acto de “profunda mala fe” y una “absoluta provocación” hacia los trabajadores.

El reclamo sindical se apoya en la histórica doctrina salarial que impulsan los aceiteros desde hace más de una década: la defensa de un Salario Mínimo, Vital y Móvil calculado según las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

De acuerdo con los cálculos elaborados por el gremio, el ingreso necesario para cubrir alimentación adecuada, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión alcanzó en mayo de 2026 los $2.802.754.

Aceiteros sostiene que las empresas están en condiciones de afrontar ese incremento. Según afirmaron en el comunicado, el ajuste reclamado representaría apenas “el 0,1% de la facturación anual” del sector.

“La intransigencia patronal y su falta de sensibilidad sobre las necesidades obreras nos va a llevar a un nuevo conflicto”, advirtieron.

Un conflicto con impacto sobre las exportaciones

La disputa salarial trasciende el ámbito paritario. Cada vez que los aceiteros paralizan la actividad, el efecto se siente sobre el corazón exportador de la Argentina.

A fines de mayo, cuando los sindicatos lanzaron una huelga nacional que luego fue suspendida por la conciliación obligatoria, el conflicto puso en riesgo la operatoria de cerca de 80 plantas y puertos agroexportadores. El sector es responsable de buena parte de las exportaciones argentinas de soja, harina y aceite, principales generadores de divisas del país.

Este año, además, la tensión ocurre en un contexto particularmente sensible. La campaña agrícola proyecta una de las mayores liquidaciones de exportaciones de los últimos años, con ingresos estimados por más de u$s 36.000 millones.

Desde las empresas advierten que cada jornada de paro implica menores exportaciones, menos ingreso de divisas y una reducción de la actividad en toda la cadena agroindustrial. Los gremios, en cambio, sostienen que las compañías cuentan con márgenes suficientes para atender el reclamo salarial y recuerdan que el sector obtuvo importantes beneficios por la reducción temporal de las retenciones.

Un gremio que desafía los techos salariales

La Federación Aceitera y el SOEA San Lorenzo se consolidaron en los últimos años como uno de los actores sindicales más influyentes del complejo agroexportador. A diferencia de otros gremios, rechazan negociar sobre la base de la inflación esperada y calculan sus demandas a partir del costo de una canasta que permita cubrir las necesidades contempladas en la legislación laboral.

Esa estrategia los llevó a protagonizar algunas de las paritarias más altas del país y a convertirse en uno de los principales impulsores de espacios sindicales alternativos a la conducción de la CGT, como la denominada Mesa Sindical.