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En sintonía con la postura crítica de la AFA, River Plate se pronunció en duros términos contra la Disposición 16/2025 y el Decreto 510/2023 firmados por el Gobierno nacional, que incrementan las alícuotas de aportes del 7,5% al 13,06% y elevan retenciones del 8% al 19,12% sobre diversas actividades vinculadas al fútbol.

Para la institución, el nuevo esquema tiene un carácter "confiscatorio" y pone en riesgo su estructura económica y su vasta red de iniciativas sociales, educativas y deportivas.

"Analizando los balances entre septiembre de 2023 y junio de 2025, la modificación normativa implicaría para el Club una pérdida neta estimada en AR$ 16.820 millones", indicó River en un comunicado, donde también destacó que solo en el primer semestre de 2025 tributó $1.997 millones adicionales bajo el esquema anterior del 8%. La nueva disposición, aseguran, afectará directamente sus obras, programas comunitarios y el financiamiento del nuevo Colegio River Plate.

Uno de los ejemplos más concretos del impacto de esta normativa es el pase de Franco Mastantuono al Real Madrid. River ya abonó 5 millones de dólares por la retención del 8%, pero con la nueva alícuota, esa cifra ascendería a 12 millones de dólares. La diferencia de 7 millones representa un golpe directo a las finanzas del club, que entre 2022 y 2025 generó más de USD 106 millones brutos en transferencias internacionales.

Ante el planteo del club, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, salió a defender el aumento de las retenciones en el mercado del fútbol argentino.

"En 2024, las ventas de jugadores argentinos dejaron ingresos por 324 millones de dólares. Sin embargo, a la hora de pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social. La actividad que genera estos ingresos es subsidiada por los jubilados", manifestó el funcionario.

River detalló que emplea a 1.484 trabajadores, invirtió $8.078 millones en 2024 en contribuciones previsionales y proyecta para este año un desembolso de $29.547 millones. De esa cifra, $5.172 millones están destinados a becas, cobertura médica y asistencia alimentaria, y $24.375 millones a infraestructura.

"Lejos de constituir un beneficio, como erróneamente se pretende señalar, este esquema amenaza con revertir el impacto económico directo y positivo del accionar del Club", sostiene el texto, y recuerda que el nuevo colegio se construyó sin aportes del Estado. También cuestiona que la nueva disposición no respeta el consenso alcanzado en el comité creado por el Decreto 939/24, donde participaron AFA, clubes y el propio Gobierno.

La disputa por las SAD

El conflicto entre el Gobierno y los clubes también se inscribe en un debate más profundo: el intento oficial por habilitar la creación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.

Desde la asunción de Javier Milei, la propuesta de transformar el modelo actual de asociaciones civiles sin fines de lucro en estructuras empresariales privadas cobró fuerza, generando un fuerte rechazo de la AFA y de la mayoría de los clubes.

Para muchos dirigentes, estas medidas fiscales buscan asfixiar económicamente a las instituciones para forzar su conversión en SAD. "Este ajuste no es aislado, es parte de una estrategia para debilitar a los clubes y abrirle la puerta al negocio privado", advirtieron desde la AFA, que ya había advertido sobre los riesgos de privatizar el fútbol.