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La memoria colectiva sobre la última dictadura militar argentina parece haber alcanzado un punto de consenso social amplio que atraviesa generaciones, identidades políticas y regiones del país.

Una encuesta nacional reciente muestra que la gran mayoría de la sociedad mantiene una valoración crítica sobre el golpe de Estado de 1976 y sus consecuencias, configurando una condena social extendida que, según especialistas, podría resultar difícil de replicar en el futuro ante procesos históricos más recientes y polarizados.

El relevamiento captura una percepción dominante: la interrupción del orden democrático continúa siendo interpretada como un hecho negativo para el país, incluso entre sectores que no vivieron directamente aquel período. La investigación permite observar no sólo qué piensa hoy la sociedad sobre la dictadura, sino también cómo esas interpretaciones se reconfiguran según edad, género, nivel educativo y posicionamiento político.

El estudio fue realizado por la consultora Pulsar que depende de la Universidad de Buenos Aires y combina preguntas sobre memoria histórica, responsabilidades políticas y evaluación del impacto social del régimen militar.

Una condena transversal

Uno de los hallazgos centrales es la persistencia de una condena social ampliamente mayoritaria hacia la dictadura. Según el relevamiento, más de ocho de cada diez argentinos (alrededor del 82%) evalúan negativamente el golpe de Estado de 1976, mientras que apenas una minoría marginal expresa posiciones justificatorias o ambiguas.

Sin embargo, esa coincidencia general no implica uniformidad absoluta. Entre los varones aparece una leve mayor tendencia a relativizar el contexto previo al golpe: cerca del 28% considera que la crisis política y económica tuvo un peso determinante en la interrupción institucional, frente a aproximadamente el 20% de las mujeres.

Ellas, en cambio, muestran niveles más altos de rechazo categórico al régimen militar y mayor adhesión a la idea de que existió un plan sistemático de represión, posición que supera el 70% de acuerdo femenino.

Las diferencias también emergen según la edad. Entre los mayores de 50 años, la condena alcanza niveles cercanos al 85%, con opiniones más firmes y definidas, probablemente influidas por experiencias directas o cercanas al período.

Los jóvenes de entre 18 y 29 años exhiben niveles similares de rechazo general —por encima del 75%—, aunque con mayor proporción de respuestas que admiten dudas o desconocimiento al explicar las causas políticas y económicas que derivaron en el quiebre institucional.

Generaciones y memoria histórica

El estudio sugiere que la memoria social sobre la dictadura dejó de depender exclusivamente del recuerdo personal y pasó a transmitirse principalmente por vías educativas, culturales y familiares.

Entre los menores de 30 años, más del 80% considera que la democracia es el único sistema político legítimo, aunque ese consenso aparece menos asociado a debates históricos específicos.

En este grupo etario crece la proporción de respuestas que reconocen el carácter negativo del golpe pero admiten conocer “poco” o “muy poco” sobre el período: casi cuatro de cada diez jóvenes (alrededor del 38%) se ubican en esa categoría.

Esa combinación —condena moral alta y conocimiento histórico fragmentado— es interpretada por los analistas como uno de los desafíos centrales para la transmisión futura de la memoria colectiva.

Las mujeres jóvenes, en particular, muestran niveles más altos de identificación con consignas vinculadas a derechos humanos: superan en más de diez puntos porcentuales a los varones de la misma edad en la adhesión a políticas de memoria, verdad y justicia, lo que sugiere una apropiación generacional distinta del legado democrático.

Diferencias territoriales

Las brechas regionales también aportan matices relevantes. En el Área Metropolitana de Buenos Aires se registran los niveles más elevados de rechazo absoluto al golpe, con valores cercanos al 85%, mientras que en regiones del interior aparecen porcentajes ligeramente mayores de interpretaciones que ponen el foco en la crisis política previa, que alcanzan aproximadamente el 30% de las respuestas.

No obstante, incluso en esas zonas la condena general sigue siendo predominante y nunca desciende del 70%. Las diferencias no modifican el consenso principal, pero sí muestran cómo el contexto local influye en la forma de interpretar responsabilidades históricas.

En ciudades grandes, además, aumenta la proporción de encuestados que asocia la dictadura con violaciones sistemáticas de derechos humanos —una definición respaldada por más del 75% de los entrevistados urbanos—, mientras que en localidades más pequeñas aparecen con mayor frecuencia respuestas vinculadas a la inestabilidad política o económica previa.

Educación e interpretaciones del pasado

El nivel educativo emerge como una de las variables más explicativas. Entre quienes poseen estudios universitarios o terciarios completos, más del 80% coincide en caracterizar al período como terrorismo de Estado y en destacar sus consecuencias institucionales y sociales.

En cambio, entre quienes tienen menor nivel educativo aumentan las respuestas intermedias o ambivalentes respecto de las causas del golpe —que rondan el 35%—, aunque sin alterar la evaluación negativa general del período, que igualmente se mantiene por encima del 70%. Es decir, las diferencias se expresan más en las explicaciones que en la condena misma.

Este patrón refuerza la idea de que el consenso social existe, pero se construye sobre niveles de información histórica desiguales.

Política, memoria y disputas actuales

El estudio también detecta que la identificación política influye en las interpretaciones del pasado reciente.

Entre quienes se identifican con posiciones progresistas, el rechazo absoluto al golpe supera el 90%, acompañado por una menor disposición a contextualizarlo dentro de la crisis previa.

Entre votantes de espacios de centroderecha o derecha, en cambio, crece la proporción que señala responsabilidades múltiples —una posición que alcanza cerca del 40% dentro de ese segmento—, aunque sin traducirse en una reivindicación del régimen militar, que sigue siendo minoritaria.

Esa diferencia marca uno de los puntos donde el consenso empieza a mostrar fisuras interpretativas: no en la condena, sino en la lectura política del proceso histórico.

Un consenso difícil de replicar

Para los analistas, el principal hallazgo del relevamiento no es sólo el alto nivel de rechazo a la dictadura, sino la amplitud social de ese acuerdo. Más del 80% de los encuestados coincide en que una interrupción del orden democrático sería inaceptable en la actualidad, convirtiendo este tema en uno de los pocos consensos transversales persistentes en la sociedad argentina.

La investigación sugiere que este tipo de acuerdos amplios podría resultar cada vez menos frecuente en un escenario público atravesado por polarización política y fragmentación informativa. La memoria sobre la dictadura, consolidada durante décadas, aparece así como una excepción dentro del clima contemporáneo.

Ficha técnica

  • Estudio: Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después (Primera entrega)
  • Institución responsable: Pulsar – Observatorio de la Opinión Pública, Universidad de Buenos Aires (UBA)
  • Tipo de estudio: Investigación cuantitativa nacional (segunda fase de un estudio mixto cuali-cuantitativo)
  • Universo: Argentinos y argentinas mayores de 18 años
  • Tamaño de la muestra: 1.136 casos efectivos
  • Cobertura: Nacional
  • Fecha de trabajo de campo: del 15 al 27 de octubre de 2025
  • Técnica de muestreo: Probabilística
  • Modalidad de relevamiento: Mixta
    • CATI (telefónica): 661 casos
    • Online: 389 casos
    • Entrevistas domiciliarias: 86 casos
  • Diseño muestral: Cuotas por sexo, edad y nivel educativo
  • Margen de error: ±2,8%
  • Nivel de confianza: 95%
  • Fase cualitativa complementaria: 8 grupos focales realizados en distintas regiones del país con población menor de 50 años segmentada según postura frente a la última dictadura militar.