Fuente: La torre de control del aeropuerto El Altet de Alicante-Elche. Fuente:EFE
Fuente: La torre de control del aeropuerto El Altet de Alicante-Elche. Fuente:EFE
En esta noticia
El conflicto en el sistema aerocomercial sumó un nuevo capítulo. El Plenario Nacional de Delegados de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ratificó el cronograma de medidas de acción sindical que el gremio presentó ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) el pasado 18 de febrero y confirmó que el plan de lucha seguirá adelante.
Aunque el anuncio no modificó el esquema de paros ya informado para esta semana, la decisión del plenario despejó cualquier duda interna y consolidó la protesta en un momento de alta sensibilidad operativa, en el cierre de la temporada de verano.
En un comunicado, el sindicato afirmó que el objetivo de las medidas es “recomponer el salario perdido y defender el Convenio Colectivo de Trabajo que la empresa viene desconociendo sistemáticamente”. Además, acusó a EANA de no dar respuestas concretas y sostuvo que “la falta de respuestas concretas es una decisión política de la empresa, que mientras se incrementan las operaciones, precariza a sus trabajadores”.
Un conflicto que se profundizó tras la conciliación obligatoria
La ratificación llegó luego de que el gremio diera por agotadas las instancias de diálogo, a más de veinte días de finalizada la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional. Ese período había obligado a suspender medidas de fuerza mientras las partes negociaban bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo.
Sin embargo, el entendimiento no prosperó. ATEPSA sostuvo que EANA no presentó “una respuesta integral al conflicto”, mientras que desde la empresa remarcaron en reiteradas ocasiones que el servicio de navegación aérea está catalogado como esencial y que cualquier interrupción afecta la seguridad operacional y la regularidad del sistema.
La tensión entre ambas partes arrastra meses de fricciones. En agosto del año pasado, acordaron un aumento salarial del 15% en cuatro tramos, lo que permitió descomprimir temporalmente la protesta. El actual reclamo combinó denuncias por incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
Cómo impactan las medidas en la operatoria aérea
El cronograma vigente prevé cinco jornadas con afectación escalonada entre el jueves 26 de febrero y el lunes 2 de marzo. Las restricciones se concentran en franjas horarias específicas y alcanzan, según el día, a toda la aviación o a segmentos particulares, como vuelos comerciales regulares o aviación general.
En todos los casos, la medida impacta exclusivamente en las autorizaciones de despegue. Las aeronaves en vuelo no resultan interrumpidas, pero la imposibilidad de aprobar planes de vuelo en determinados horarios obliga a las aerolíneas a reprogramar servicios, generar demoras y reordenar itinerarios. No se descartaron cancelaciones.
El antecedente inmediato muestra el alcance potencial del conflicto. En jornadas previas, las medidas de fuerza alteraron decenas de vuelos y afectaron a miles de pasajeros, tanto en cabotaje como en rutas internacionales. Las aerolíneas debieron ajustar su programación en períodos de alta demanda, lo que amplificó el impacto.
Un rol clave en el sistema aéreo
Los controladores aéreos cumplen una función crítica: autorizan despegues y aterrizajes, coordinan el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y garantizan que las operaciones se realicen bajo estrictos estándares de seguridad. Sin su intervención, ninguna aeronave puede iniciar vuelo comercial regular.
Por ese motivo, cada restricción en la emisión de autorizaciones genera un efecto inmediato en la cadena operativa. Desde EANA insistieron en que la seguridad operacional constituye un principio rector del sistema y, en etapas anteriores del conflicto, presentaron incluso una denuncia penal al considerar que algunas acciones gremiales comprometieron ese estándar.
El trasfondo político y la reforma laboral
En su nuevo comunicado, el plenario sindical amplió el eje del conflicto. Expresó solidaridad con los trabajadores de FATE y vinculó la situación sectorial con la reforma laboral en debate. El gremio sostuvo que el atraso salarial “no es un problema aislado ni sectorial, es una política del Estado Nacional que golpea a toda la clase trabajadora”.
Además, convoca a una asamblea nacional virtual para “evacuar dudas y explicar el contexto de las medidas”, en un intento por consolidar respaldo interno en un escenario que combina reclamo salarial, discusión paritaria y debate político más amplio.
La incógnita ahora no pasa por si habrá medidas —ya fueron ratificadas— sino por la magnitud real del impacto en los vuelos y por la posibilidad de que el Gobierno vuelva a intervenir si el conflicto escala, aunque se encuentran agotadas las posibilidades de una nueva conciliación.