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A dos años y medio del inicio del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que hacia fin de año su cartera habrá avanzado sobre aproximadamente la mitad del universo normativo que identificó al inicio de la gestión y defendió las reformas como una agenda orientada principalmente a favorecer a las pequeñas y medianas empresas.
Durante una entrevista en el streaming “Economía de Quincho”, el funcionario sostuvo que la simplificación regulatoria tiene un impacto directo sobre los emprendedores y las firmas de menor tamaño, ya que son quienes enfrentan mayores dificultades para absorber los costos administrativos que imponen los trámites estatales.
“Todo el esfuerzo de desregulación es eminentemente pro pyme”, afirmó. Según explicó, cada regulación constituye una barrera de entrada que las grandes compañías pueden afrontar con relativa facilidad gracias a sus estructuras legales y administrativas, mientras que para una empresa naciente o un emprendedor puede transformarse en un obstáculo casi infranqueable.
En esa línea, remarcó que la agenda oficial busca facilitar la creación de nuevos negocios y fortalecer un ecosistema competitivo. “Cuando un emprendedor arranca es chico por definición”, señaló, al destacar que la aparición de nuevos actores resulta fundamental para desafiar estructuras productivas consolidadas y estimular el crecimiento económico.
Sturzenegger también vinculó la desregulación con una estrategia de transparencia institucional. “Cada trámite es una oportunidad para la corrupción”, sostuvo, al defender la eliminación de procedimientos que, a su juicio, generan costos innecesarios para ciudadanos y empresas.
Respecto del avance del programa, el ministro aseguró que el Gobierno ya recorrió una parte significativa del camino iniciado con las facultades delegadas y las reformas posteriores. “Para fin de año vamos a estar en un 50%”, afirmó al referirse al conjunto de regulaciones que su cartera identificó como susceptibles de revisión o eliminación.
Menos habilitaciones y más controles posteriores
El funcionario planteó además la necesidad de modificar la lógica con la que operan muchas administraciones públicas.
Según explicó, el esquema tradicional parte de una presunción de desconfianza hacia quien busca iniciar una actividad económica. Frente a ello, propuso un modelo en el que el emprendedor pueda comenzar a operar de inmediato, sujeto luego a eventuales controles para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y funcionamiento.
A su entender, ese tipo de mecanismos reduce costos y tiempos para quienes desean invertir o abrir un negocio.
Sturzenegger también cuestionó la proliferación de organismos descentralizados que, según sostuvo, fueron creados durante las últimas décadas y desarrollaron mecanismos propios de financiamiento mediante tasas, aranceles y cobros administrativos.
Afirmó que muchas de esas estructuras terminaron generando una “inflación de trámites” cuyo verdadero objetivo era recaudatorio. Por ese motivo defendió la política de centralización administrativa impulsada por el Gobierno, al considerar que permite reducir costos para la sociedad y evitar la multiplicación de organismos con capacidad de cobro autónoma.
La crítica a las regulaciones que limitan la competencia
En otro tramo de la conversación, el ministro cuestionó la acumulación de normas que, según su visión, restringen derechos que ya se encuentran garantizados por la Constitución.
Para ilustrarlo, utilizó el ejemplo hipotético de una actividad productiva que, pese a estar permitida constitucionalmente, queda condicionada a la inscripción previa en registros, autorizaciones o sistemas de control creados posteriormente por leyes específicas.
Según planteó, numerosas regulaciones terminan construyendo estructuras burocráticas que limitan libertades económicas originalmente reconocidas por la Carta Magna.
En ese contexto, anticipó que el Gobierno enviará al Congreso una reforma de la ley de cabotaje, al considerar que las restricciones vigentes dificultan el transporte fluvial y reducen la competitividad logística del país.
El funcionario sostuvo que la situación resulta particularmente llamativa si se tiene en cuenta el desarrollo de la navegación comercial en países vecinos. Mencionó especialmente el caso de Paraguay, cuya flota fluvial supera ampliamente a la argentina pese a tratarse de un país sin salida directa al mar.
“Las grandes empresas son las más regulacionistas”
Uno de los conceptos más fuertes de la entrevista apareció cuando Sturzenegger analizó la relación entre regulación y competencia.
“Las grandes empresas son muy regulacionistas”, afirmó.
Según explicó, las compañías de mayor tamaño suelen adaptarse mejor a las exigencias burocráticas y, en algunos casos, encuentran en ellas una barrera que dificulta el ingreso de nuevos competidores.
Para el ministro, mientras las pymes padecen los costos de la regulación, las empresas consolidadas pueden beneficiarse indirectamente porque esos requisitos desalientan el surgimiento de rivales.
A partir de esa premisa, sostuvo que existe una disputa permanente entre quienes promueven una mayor apertura económica y aquellos sectores que buscan preservar posiciones dominantes mediante normas específicas.
Incluso recurrió a una metáfora tomada de la película Jurassic Park para describir el comportamiento de los grupos de interés que procuran influir sobre el Estado. Comparó a las grandes empresas con los velociraptores que buscan permanentemente puntos débiles en el sistema para obtener ventajas regulatorias.
Según su interpretación, cuando esos sectores logran instalar barreras de entrada o regulaciones favorables generan rentas extraordinarias que luego utilizan para defender y perpetuar esos beneficios.
El “Triángulo de las Bermudas” argentino
En el tramo final de su exposición, Sturzenegger vinculó el debate regulatorio con una discusión más amplia sobre el modelo económico argentino.
Citó las tesis desarrolladas por los economistas Daron Acemoglu y James Robinson en el libro Why Nations Fail, donde se analiza cómo determinados grupos utilizan las instituciones para preservar privilegios y limitar la competencia.
A partir de esa idea, sostuvo que muchos países quedan atrapados en procesos de estancamiento cuando sectores con poder económico o político utilizan al Estado para proteger rentas ya adquiridas.
En el caso argentino, describió ese fenómeno mediante lo que llamó el “Triángulo de las Bermudas”, integrado por sindicatos, el capitalismo de amigos y el peronismo como administrador político de ese entramado.
Desde esa perspectiva, argumentó que las políticas de desregulación no sólo persiguen objetivos económicos vinculados con la competencia y la productividad, sino también una finalidad política: reducir el poder de los actores que, según su diagnóstico, bloquean transformaciones estructurales y limitan el crecimiento.
El Gobierno habilitará las exportaciones por correo
En otro de los anuncios de la entrevista, Sturzenegger adelantó que el Gobierno habilitará en los próximos días un sistema de exportación postal destinado a facilitar las ventas de pequeñas empresas y emprendedores argentinos al exterior.
El funcionario sostuvo que actualmente existe una asimetría entre la facilidad con la que los consumidores pueden adquirir productos en plataformas internacionales como Temu o Shein y las dificultades que enfrentan las firmas locales para vender sus productos fuera del país.
“La gente compra por Shein y Temu, pero si un empresario quiere vender al exterior no puede”, afirmó.
Según explicó, hoy las exportaciones de pequeña escala dependen principalmente de servicios de courier cuyos costos resultan elevados para numerosos emprendimientos. La alternativa postal, en cambio, opera mediante acuerdos de reciprocidad entre correos oficiales que reducen significativamente los costos logísticos.
“¿Sabés que no se puede hacer exportación postal? No se puede. Nadie lo pensó”, sostuvo.
El ministro aseguró que la medida ya se encuentra en revisión jurídica y técnica y que será implementada en los próximos días. Según su visión, permitirá que pequeñas empresas argentinas puedan comercializar productos a través de plataformas globales de comercio electrónico y acceder a mercados internacionales con menores costos de envío.
Además, consideró que la aparición de una alternativa más económica podría obligar a los operadores privados de courier a revisar sus tarifas, generando una mayor competencia en el segmento logístico.
La iniciativa se suma a otras medidas orientadas a simplificar el comercio exterior para pequeñas empresas, como la eliminación de límites para determinadas exportaciones y la reducción de trabas administrativas que, según el Gobierno, dificultaban el acceso de las pymes a mercados internacionales.