La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), intervenida por el gobierno de Javier Milei hace un año, solicitó ante la Secretaría de Trabajo el inicio de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) con el objetivo de preservar su funcionamiento y garantizar la continuidad de la atención médica de sus más de 700.000 afiliados.
La medida fue comunicada por la intervención a cargo de Marcelo Carlos Petroni, abogado penalista cercano a Eduardo “Lule” Menem, designado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y recientemente ratificado en el cargo.
El pedido de apertura del PPC se conoció en un contexto político especialmente sensible. El juez federal Sebastián Casanello dispuso recientemente una serie de medidas de prueba en la causa que investiga al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y a otros funcionarios de la gestión libertaria por un presunto “plan criminal para hacerse con la conducción de la Uatre”, el gremio rural encabezado por José Voytenco.
La investigación analiza si existieron maniobras para desestabilizar la representación sindical y justificar la intervención de Osprera.
La Uatre denunció que ese proceso habría respondido a un “acuerdo criminal” con fines políticos y para direccionar negociaciones en el sistema de salud.
Casanello intimó a la Secretaría de Trabajo a entregar 19 expedientes completos sobre conflictos en seccionales del gremio para reconstruir la cadena de decisiones que derivaron en la intervención; la pesquisa está a cargo del fiscal Guillermo Marijuan.
En paralelo a este avance judicial, la intervención de Petroni explicó que el PPC surge de un diagnóstico económico, jurídico y prestacional crítico. Actualmente, Osprera cuenta con 1.160 empleados, más de la mitad concentrados en áreas administrativas, con superposición de jefaturas y sin criterios de eficiencia. El gasto en personal representa 16% del presupuesto mensual, duplicando el límite del 8% que establece la SSS. Según los cálculos oficiales, el PPC permitiría un ahorro superior a los $10.500 millones, suficiente para alcanzar el equilibrio presupuestario sin afectar servicios esenciales ni prestaciones médicas.
Desde noviembre de 2024, la intervención afirma haber logrado reducir el déficit mensual a menos de $1.300 millones en octubre, reforzar los controles de compra de medicamentos, fortalecer la auditoría médica y optimizar el gasto salarial. También se alcanzaron acuerdos con prestadores estratégicos, como el Hospital Garrahan, con mejores condiciones económicas.
En una señal de ajuste interno, Petroni resolvió esta semana una reducción del 20% de su propio sueldo, que acumula ya un recorte del 50% desde enero, e instó a directores y gerentes a acompañar la medida.
La intervención destacó que el Proceso Preventivo de Crisis es una herramienta legal destinada a ordenar la estructura económica de entidades en situación crítica sin paralizar su funcionamiento. En este caso, busca preservar las prestaciones, asegurar la provisión de medicamentos, ordenar la relación con los prestadores y proteger los empleos vinculados al sistema de salud. La medida ya fue notificada a la Secretaría de Trabajo y a la Superintendencia de Servicios de Salud.
Pese a los avances administrativos reportados, el cuadro estructural continúa siendo delicado. La obra social arrastra años de desequilibrio, con episodios de auxilio estatal incluso durante el gobierno anterior. La apertura del PPC aparece ahora como un paso clave para sostener la operación en medio de un escenario marcado no solo por la crisis económica interna, sino también por una causa judicial que promete seguir tensando la relación entre el oficialismo y la conducción del gremio rural.