El Gobierno busca alternativas junto a los empresarios del transporte para evitar un nuevo deterioro en la frecuencia de los colectivos y el consecuente malhumor social que generan las largas colas en las paradas. En ese marco, se comprometió a girar parte de los fondos adeudados y, en la última reunión con el sector, abrió la puerta a evaluar una reestructuración integral de la actividad, que podría incluir cambios en el esquema de subsidios en el mediano plazo.
Desde el Ejecutivo persiguen un doble objetivo: ajustar los recursos destinados al sistema sin afectar aún más el nivel de servicio y, al mismo tiempo, atender el reclamo de las empresas para mejorar su recaudación sin trasladar ese impacto de manera completa a las tarifas.
En el comunicado oficial difundido por la Secretaría de Transporte tras el primer encuentro de la mesa técnica, se sintetizaron los ejes de trabajo orientados a “garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios”, “reducir costos operativos y optimizar el sistema” sobre la base de “la demanda real de los usuarios”.
En paralelo, el Gobierno nacional se comprometió a girar esta misma semana la mitad de los fondos adeudados correspondientes a febrero, unos $50.000 millones, sin precisar aún un cronograma para cancelar el saldo restante de abril. Estos recursos permitirían sostener un servicio con mayor volumen que el registrado la semana pasada, aunque solo de manera transitoria.
Desde el sector empresario advierten que el problema de fondo sigue siendo la ecuación económica del sistema. Fuentes del rubro señalaron que un boleto equiulibrado debería ubicarse en torno a los $2100 para reflejar los costos operativos actuales, lo que implicaría triplicar el valor del primer tramo vigente. Sin embargo, participantes de la reunión coincidieron en que todavía no se discutió formalmente un nuevo ajuste tarifario.
El valor del pasaje, no obstante, es solo una parte de la ecuación. El cálculo del costo del sistema incluye variables altamente volátiles, como el precio del gasoil, que tras el primer ataque de Estados Unidos a Irán ya superó los $2000 por litro. Aun así, en la estructura vigente el combustible sigue computándose a un valor de $1750, lo que introduce distorsiones en la actualización de costos.
En este contexto, el Gobierno no explicitó aún qué margen tendría para corregir esa brecha, pero sí accedió a retomar un reclamo histórico del sector: reducir la carga impositiva sobre el gasoil destinado al transporte de pasajeros. La medida implicaría establecer un precio diferencial para bajar costos operativos y formaría parte de una revisión más amplia del esquema tributario, que incluiría también mecanismos como la devolución de créditos de IVA a favor de las empresas.
Otro de los puntos abordados en la reunión fue la posibilidad de modificar el esquema de subsidios. La propuesta bajo análisis apunta a redireccionar esos recursos desde las empresas hacia la demanda, es decir, subsidiar directamente a los pasajeros según su situación económica.
El planteo no es nuevo, aunque nunca se implementó de manera efectiva. Su aplicación requeriría cruzar datos de los usuarios de la tarjeta SUBE con sus niveles de ingreso para determinar qué segmentos accederían a tarifas subsidiadas, mientras que el resto abonaría precios escalonados o el valor pleno del pasaje. Según las autoridades, el objetivo es avanzar en ese cambio a lo largo de 2026.
Finalmente, uno de los temas más sensibles que se empezaron a discutir tiene que ver con la reestructuración del sistema de transporte, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La iniciativa contempla una revisión de recorridos para detectar superposiciones entre líneas nacionales, porteñas y otros medios como el tren.
En función de ese diagnóstico, el Gobierno evalúa la posibilidad de redireccionar o eliminar ramales donde las trazas se superponen. Se trata de un proceso que se desarrollaría en conjunto con las empresas, aunque tanto desde el sector público como privado admiten que se trata de una medida de alta sensibilidad, ya que podría implicar una reducción en la oferta de transporte y un impacto en el empleo de los conductores.
Del encuentro participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte, Fernando Herrmann; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; y Mariano Plencovich. Por el lado empresario asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez (AAETA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).
Según el comunicado oficial, las partes acordaron mantener un nuevo encuentro de trabajo dentro de los próximos quince días, en un intento por encauzar un sistema que combina tensiones financieras, presión social y definiciones políticas aún abiertas.