Mientras hacer trámites sigue siendo un dolor de cabeza para millones de ciudadanos, algunos gobiernos en Argentina están demostrando que la solución puede estar a pocos algoritmos de distancia. Chatbots, automatización, análisis de datos y asistencia legal inteligente: la inteligencia artificial (IA) avanza en el sector público y apunta a un Estado más ágil, menos burocrático y, sobre todo, más cercano a las personas. Según la Guía para el uso de IA en el sector público, publicada por CIPPEC en 2025, la IA tiene el potencial de transformar radicalmente la forma en que los gobiernos funcionan. "Puede mejorar la atención ciudadana, automatizar procesos en justicia, salud o educación, y optimizar recursos", destacan los autores, Mauro Solano, Elsa Estévez y Amalia Peralta. Lejos de la ciencia ficción, hay casos concretos que ya están en marcha. Uno de los más conocidos es Boti, el chatbot del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Inicialmente creado para responder consultas simples, en 2024 incorporó IA generativa para ofrecer experiencias personalizadas, por ejemplo, en turismo. Boti no solo ahorra tiempo, también reduce la sobrecarga en los centros de atención tradicionales. Otro ejemplo exitoso es el de la Ciudad de Mendoza, donde se utiliza IA para detectar microbasurales con imágenes tomadas por drones. El sistema identifica puntos críticos y permite a las cuadrillas intervenir más rápido, optimizando recursos y mejorando el ambiente urbano. Esto no solo ahorra dinero, también mejora la calidad de vida en zonas vulnerables. En el plano jurídico, la herramienta Prometea, desarrollada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, permite clasificar expedientes, predecir resoluciones y redactar borradores legales. El sistema ya fue adoptado por otras provincias como Mendoza, Chaco y Corrientes, y logró reducir hasta un 70% los tiempos administrativos en algunas áreas judiciales. La Provincia de Neuquén, por su parte, avanza en la digitalización y clasificación de más de 20 años de normativa legal. Con IA, está sistematizando decretos, resoluciones y leyes, lo que facilitará búsquedas, reducirá tiempos y evitará errores en la interpretación normativa. También explora el uso de IA para mejorar la asignación de becas educativas provinciales. Pero para que estos avances se multipliquen, hacen falta algunas variables. La guía identifica cuatro condiciones clave: datos de calidad, infraestructura tecnológica, talento humano y marcos éticos y normativos. Sin bases sólidas, cualquier solución basada en IA corre el riesgo de ser ineficiente, sesgada o contraproducente. El ahorro no es solo de minutos o clics: es también económico. Automatizar trámites y procesos administrativos permite reducir costos operativos, liberar recursos humanos para tareas más complejas y evitar errores humanos costosos. En otras palabras, un Estado más eficiente no significa uno más chico, sino uno que funciona mejor. También hay desafíos. Muchos gobiernos locales aún enfrentan barreras como la baja interoperabilidad de los sistemas, la falta de capacitación técnica o la desconfianza ciudadana hacia las decisiones "tomadas por máquinas". Por eso, la guía insiste en que toda implementación debe ser transparente, trazable y con evaluación de impacto. La buena noticia es que ya hay señales de cambio. La Provincia de Buenos Aires creó una Unidad de IA aplicada a la seguridad pública, y Chaco sancionó una ley que regula el uso de IA en educación. La Ciudad de Mendoza formó un Comité Local de IA que articula al Estado con universidades, ONGs y empresas tecnológicas. En un país donde "hacer un trámite" puede tardar semanas, la inteligencia artificial aparece como una herramienta clave para ahorrar tiempo, reducir burocracia y devolverle eficiencia al Estado. No se trata de reemplazar a los humanos, sino de darles mejores herramientas para servir mejor a la ciudadanía. Mientras en algunas provincias la inteligencia artificial ya permite detectar basurales, automatizar respuestas o digitalizar normativas, en muchas otras la implementación todavía es incipiente o fragmentada. ¿Qué tan preparados están los gobiernos subnacionales para escalar estas soluciones y llevarlas al día a día del ciudadano común? Con el apoyo de Salesforce, CIPPEC lanzó un relevamiento nacional para medir la madurez institucional de las provincias argentinas frente a la IA, es decir, su nivel real de preparación para adoptar estas herramientas con impacto, seguridad y equidad. El diagnóstico releva desde la infraestructura tecnológica disponible hasta la formación de los equipos públicos, pasando por normativa, experiencias previas, vínculos con el ecosistema digital y gestión de datos. Con estos datos, se busca no solo acompañar a las provincias en el diseño de estrategias responsables, sino también sentar las bases de una política federal de transformación digital que priorice el interés público.