Un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió sobre el estancamiento en la productividad y aseguró que el exceso de regulaciones actúan como un ancla para el desarrollo.
¿Por qué las economías de América Latina crecen menos de lo que deberían? La respuesta, según el reciente informe “Mercados y desarrollo”, es clara: falta competencia.
Según el documento se trata de un “freno silencioso” que impacta directamente en el bolsillo ya que afecta los salarios reales, los precios de la canasta básica y la productividad general de los países explicó Viviana Alva Hart, represntante del Grupo BID en Argentina.
En concreto, Matías Busso, economista principal del BID expuso que tanto Argentina como el resto de los países de América Latina y el Caribe podría aumentar el PIB per cápita un 11% y reducir la desigualdad un 6% si logra que los mercados sean más competitivos.
Mercados concentrados y la brecha salarial
El estudio reveló que mientras en las economías desarrolladas la competencia actúa como un motor que asigna recursos de manera eficiente, en nuestra región los mercados de productos están significativamente más cartelizados o concentrados.
Esta falta de rivalidad permite que las empresas operen con mark-ups (márgenes de precio sobre costos) un 15% más altos que en los países avanzados.
Esta ineficiencia se traslada de forma directa al mercado laboral, explicó Busso, y explicó que en un mercado plenamente competitivo el trabajador debería capturar una parte sustancial del valor que genera.
Sin embargo, en América Latina, los trabajadores reciben en promedio solo 50 centavos por cada dólar producido, frente a los 82 centavos que se perciben en las economías del primer mundo.
En el caso específico de Argentina, si bien los datos presentan una complejidad metodológica mayor, la cifra se estima en 73 centavos, lo que evidencia un poder de mercado que aún deprime los ingresos laborales y ensancha la brecha de desigualdad.
Entre los hallazgos, el informe señaló que en la región el 95% de las empresas tiene menos de cinco trabajadores y absorbe el 57% del empleo. Las empresas más productivas, aquellas con más de 50 empleados, representan solo el 1% de las firmas y el 20% de los puestos de trabajo.
El “ancla” regulatoria
Uno de los puntos más críticos del debate fue el rol del Estado como generador de barreras. Busso enfatizó que las regulaciones, aunque con frecuencia nacen con objetivos nobles, terminan siendo capturadas por grupos de interés para proteger rentas y bloquear la entrada de nuevos jugadores.
“Estas regulaciones pueden impedir la entrada de nuevas empresas, limitar su crecimiento o imponer altos costos a las existentes”, advirtió el economista del BID.
Este fenómeno genera lo que los expertos denominan el “missing middle”: un ecosistema donde abundan las microempresas informales y las grandes corporaciones, pero donde las empresas medianas —las que suelen traccionar el empleo de calidad— brillan por su ausencia.
El costo regulatorio no solo se mide en dinero, sino en tiempo y burocracia. Como ejemplo, Busso citó el impacto negativo de las declaraciones juradas anticipadas para importaciones en Argentina, que derivaron en criterios de aprobación arbitrarios y un aumento generalizado de precios por falta de oferta.
Entre la apertura y la institucionalidad
Bajo la moderación de Morgan Doyle, gerente de Cono Sur del BID, el panel de debate que acompañó la presentación del informe aportó matices sobre la realidad local. Mariana Schoua, presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham), fue categórica respecto al aislamiento comercial del país: “Sin apertura económica no hay competitividad posible y, por ende, no hay desarrollo”.
La ejecutiva recordó que sectores como el eléctrico, tras su apertura en los años 90, lograron reducir precios drásticamente, mientras que el regreso a modelos cerrados terminó en escasez y falta de inversión.
Por su parte, Santiago Urbiztondo, economista jefe de la Fundación FIEL, aportó una mirada cauta sobre la medición de los indicadores. Si bien coincidió con el diagnóstico general, remarcó que la informalidad es el gran distorsionador de la competencia en Argentina. “La competencia requiere un contexto institucional y una credibilidad que soporte las reglas”, afirmó, sugiriendo que cualquier reforma debe ser parte de un plan de consistencia macroeconómica integral.
Desde el sector académico, Andrés Agres, rector del ITBA, calificó el informe como “iluminador”; vinculó la falta de competencia con la baja adopción de tecnologías digitales y alertó sobre las regulaciones que hoy impiden a las universidades actualizar sus contenidos con la velocidad que demanda el mercado: “Hay discusiones sobre carreras de ‘interés público’ que ralentizan la innovación”, ejemplificó.
La visión oficial y el desarme de “nudos”
El cierre del encuentro estuvo a cargo de Pablo Lavigne, Secretario de Coordinación de Producción, quien detalló la hoja de ruta del gobierno actual, en un diálogo con Ernesto Schargrodsky, economista Jefe del BID.
El funcionario aseguró que el objetivo central es “desarmar todos los muros” regulatorios, eliminando cada “nudito” burocrático que asfixia a la producción nacional.
Para el Secretario, muchas de las restricciones más severas a la competencia provienen de regulaciones estatales y provinciales que protegen a los actores ya establecidos (incumbentes).
Bajo esta premisa, subrayó que la reforma laboral y la facilitación del comercio exterior son piezas clave para que las empresas argentinas puedan “graduarse”, crecer y competir en igualdad de condiciones.
Lavigne, se mostró confiado sobre los resultados de la desregulación del comercio a nivel interno y externo y apuntó a un cambio clave en los motores del desarrollo económico, con el RIGI como impulsor.
El crecimiento actual es “más centrífugo” a partir de los recursos naturales de las distintas regiones del país en actividades como agricultura, energía y minería, dijo y contrastó con el modelo de consumo: “antes todo se ubicaba en el primero y segundo cordón del AMBA”.
El costo de la inacción
El informe del BID concluye que si Argentina y la región lograran niveles de competencia similares a los de la OCDE, el ingreso promedio aumentaría un 11% y la desigualdad se reduciría un 6%.
La hoja de ruta está trazada a partir de la integración física y tecnológica de los mercados, eliminación de barreras geográficas mediante infraestructura y una transparencia regulatoria que impida la protección de privilegios.
Como señalaron los especialistas, la política de competencia debe dejar de ser una tarea de una oficina aislada para convertirse en una política de Estado transversal.
“Con este informe estamos proporcionando a los responsables de políticas y a los investigadores los datos necesarios para diseñar políticas más inteligentes que fomenten la innovación, salarios justos y un crecimiento sostenible”, agregó Laura Alfaro, economista jefe y asesora económica del BID.
El informe cita reformas procompetencia exitosas que ya están en marcha:
-La portabilidad numérica en telecomunicaciones ha ampliado el acceso y reducido los costos.
-Los sistemas de pagos digitales han disminuido las barreras de transacción para empresas y consumidores.
-La portabilidad de préstamos ha aumentado las opciones de crédito y reducido las tasas de interés.
-Las reformas en las compras públicas han bajado los precios de bienes esenciales como la insulina.
Para escalar estos avances, el BID propone tres prioridades para los gobiernos:
1. Reducir la fragmentación de los mercados mediante la mejora de infraestructura, la armonización de normas, la interoperabilidad de sistemas y la agilización de procesos fronterizos para que las empresas puedan crecer y conectarse dentro de sus países y con cadenas globales de valor.
2. Diseñar regulaciones más inteligentes eliminando reglas que mantienen a las empresas pequeñas y creando políticas justas basadas en evidencia que aborden fallas de mercado y, al mismo tiempo, fomenten el crecimiento.
3. Fortalecer las agencias de competencia otorgándoles mayor independencia, recursos y autoridad para disuadir conductas anticompetitivas y promover economías más equitativas.