Más allá de la discusión que se viene planteando respecto del color de la lista que integra la Argentina a partir de los resultados de la evaluación efectuada por el GAFI en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, lo cierto es que ha emitido una declaración pública que, como tal y por la relevancia técnica pero también política del organismo internacional, debe ser medida no por sus tonalidades sino por su contenido y consecuencias para el país.
No hay ninguna duda de que la Argentina no se encuentra en esta materia en la misma situación que Angola, Bangladesh o Yemen países con quienes compartimos lista pero lo cierto es que ninguno cumple hoy con la totalidad de las recomendaciones del GAFI y todos poseen, en mayor o menor medida, deficiencias estratégicas en este tema, las que acarrean similares consecuencias.
Y es en el término estrategia donde radica la verdadera deuda de nuestro país, ya que no está en discusión la voluntad de la Argentina de ajustarse a los estándares internacionales así lo ha reconocido el GAFI valorando la nueva ley antilavado. Es la falta de estrategia la que no permite efectividad en la aplicación de las normas, para lo cual es necesario una correcta y precisa identificación de los sectores de la economía que suponen verdadero riesgo, y del destinatario final que debe tener toda política antilavado: el crimen organizado.
Lamentablemente, muchos países tomarán nota de esta situación y sugerirán al sector bancario y bursátil especial atención a las operaciones financieras o comerciales desde o hacia nuestro país, lo que puede conllevar trabas o desincentivos. La Argentina debe superar esta situación para poder convertirse en un referente a nivel regional en el combate a la criminalidad económica, lo que le permitirá atraer inversiones y plantear con autoridad las fuertes objeciones que también merecen otros países que, aun sin integrar ninguna lista oscura, dejan mucho que desear en transparencia financiera.
