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El Senado debate este jueves la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), un proyecto impulsado por el Gobierno nacional para fomentar proyectos de megaminería y facilitar el desarrollo económico en zonas protegidas.
La ley vigente, aprobada en 2010, establece una amplia protección que resguarda tanto los glaciares como el ambiente periglacial (zonas congeladas cercanas que regulan el agua). Para ello, prohíbe actividades que afecten su integridad, específicamente la minería y la explotación de hidrocarburos en las zonas afectadas.
Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la norma busca “preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica; y valorarlos como atractivo turístico”.
Con ese fin, restringe todas aquellas actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, entre ellas:
- la liberación de sustancias contaminantes;
- la construcción de obras de arquitectura o infraestructura;
- la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y;
- la instalación de industrias.
Sin embargo, desde LLA aseguran que la normativa actual genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones” y, con esta modificatoria, buscan restringir la protección solo para aquellos glaciares que “cumplan una función hídrica efectiva y estratégica”.
Por ello, apuntan a pasar de una protección automática del ecosistema a evaluaciones por función hídrica. Así, se buscaría revisar caso por caso las implicaciones ambientales de desarrollos productivos en zonas glaciares y periglaciares.
Además, la modificación propuesta les otorga más autonomía a las provincias para decidir sobre la explotación de sus recursos naturales. El proyecto oficialista se sustenta en un reclamo que comparten las jurisdicciones con potencial de explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy, entre otras.
De aprobarse, la decisión final sobre las áreas de protección y los proyectos de inversión en zonas periglaciares y glaciares recaerían sobre los gobernadores y se analizaría caso por caso, en lugar del estándar actual que prohíbe toda actividad posiblemente dañina a nivel nacional.
Ley de Glaciares: cinco claves del proyecto de Milei
1. Cambio a una ley pionera
El proyecto de ley, remitido al Congreso a finales del año pasado, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) donde se permitan las actividades mineras.
La iniciativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010, una norma pionera en Latinoamérica que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
Desde entonces, la norma enfrenta cuestionamientos por parte de sectores vinculados a la megaminería, que históricamente buscaron limitar su alcance.
Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema ratificó su constitucionalidad y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.
En 2024, el Gobierno de Milei ya había intentado reformar la norma para permitir actividades económicas en ambientes periglaciales, lo que no prosperó por los contundentes reclamos de los ambientalistas.
2. Más inversión, el gran argumento a favor
El Gobierno alega que la modificación a la Ley de Glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería.
Las mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen “reservas estratégicas de recursos hídricos” a ser protegidos. Por ende, insisten en que una determinación caso por caso por parte de las provincias -dueñas de los recursos naturales, según la Constitución- podría habilitar proyectos productivos en áreas “sin función hídrica relevante”.
3. Rechazo de los ambientalistas
El proyecto del Ejecutivo desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional.
En la misma línea se manifestaron desde los bloques opositores: advierten que una modificación de la normativa actual afectaría un recurso vital para la población.
En este contexto, este jueves la Policía Federal detuvo a al menos 12 activistas que saltaron la reja del Congreso y se sentaron en las escalinatas en protesta por la modificación de la Ley de Glaciares.
4. Áreas bajo amenaza
De acuerdo a un inventario oficial hecho entre 2011 y 2018 -ahora en actualización-, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 se encuentran en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico sur. En total, cubren 8.484 kilómetros cuadrados.
En un informe presentado en diciembre de 2024 ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Argentina reconoció que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares patagónicos de los Andes durante las últimas décadas: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur presentaron una creciente disminución.
Los datos oficiales más recientes corresponden a la actualización del inventario en la región de los Andes Desérticos (noroeste y norte de la provincia de San Juan), donde se registró una reducción del 17 % en el hielo descubierto.
5. Una actividad en expansión
En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes.
En 2016, un informe gubernamental admitió la existencia de 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial.
Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en Argentina: solo en los tres últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 325, con fuertes inversiones principalmente en litio, cobre y oro.