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La oposición saldrá a jugar fuerte en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es que el gobierno bonaerense pretende avanzar sobre la implementación de la Ley de Góndolas en su territorio, algo que ya generó fuertes críticas en el sector supermercadista y alimenticio, en particular porque, advierten, la iniciativa fue probada a nivel nacional y no tuvo los resultados esperados.
Lo que se espera ahora es que el oficialismo provincial avance en el tratamiento de la propuesta en la Comisión de Consumidores y Usuarios, aunque por el momento no hay una definida para que esto ocurra. Y mientras tanto, todos los bloques opositores se comienzan a alinear con la idea de que el proyecto no tenga buen final.
Según explicó a El Cronista Alejandro Rabinovich, senador bonaerense por el PRO, "se podría pensar en un esquema similar al que se armó para que no prosperara el incremento de las indemnizaciones por despido", es decir la unión opositora para voltear el proyecto.
Más allá de los reclamos propios de la industria, los legisladores que se oponen a la Ley de Góndolas entienden que el proyecto "es anticonstitucional", ya que una idea de estas características no puede tener aplicación solo en una provincia. "La prueba ya se hizo durante algunos años y realmente quedó claro que no es efectiva. Los controles que se pretenden imponer son impracticables y para las Pymes no termina siendo un beneficio como el que se busca", dijo Rabinovich.
Según la visión de quienes no irán por el apoyo a la iniciativa del gobierno de Kicillof, incluso, la normativa termina por generar en algunos casos una crisis en algunas de las pequeñas y medianas empresas proveedoras de supermercados y mayoristas, ya que en algunos casos estas firmas no están en condiciones de afrontar el nivel de demanda que pueden tener determinados productos.
Y en este punto, desde el lado de los comercios, también se dio una problemática relacionada con ese punto. En algunos casos las Pymes justamente no llegaban a cubrir las necesidades de los comercios, que terminaban por dejar parte de sus góndolas vacías ya que en ese espacio estaban obligados a exponer los productos de los pequeños proveedores.
"Lo que también se termina haciendo es, de alguna forma, regular el gusto de los consumidores. Porque se están imponiendo determinados productos solo porque los supermercados, por ejemplo, están obligados a tenerlos a la venta. Hoy hay segundas marcas muy establecidas y no siempre son propias de las grandes industrias sino de Pymes. Intentar imponer qué comprar y que no es absolutamente ridículo", puntualizó el senador.
Según Rabinovich, lo que se busca desde el oficialismo es llevar adelante políticas de intervención por parte del Estado, con lo que se intenta "hablarle a sus propios votantes y confrontar con el Gobierno".
Ya en la Legislatura, el proyecto ahora deberá pasar un largo camino que evidentemente no estará allanado. Luego de pasar por la Comisión de Consumidores y Usuarios, luego deberá pasar también, por ejemplo, por los ojos de Comercio y Legislación General.
Una vez superadas esas etapas deberá pasar por el recinto, donde la oposición se intenta armar para que la iniciativa no prospere.
Qué dice el proyecto
La iniciativa iba a ser presentada de forma oficial hace algunos días, pero finalmente se decidió postergar el evento, todavía sin fecha fija.
Lo que incluso se espera es que justamente el oficialismo ponga en discusión en Comisión este tema. El Gobierno es justamente quien debe poner en marcha este proceso, y tiene dos años para hacerlo.
Según el proyecto que vio la luz el 2 de julio pasado, el gobernador Axel Kicillof busca fomentar el aumento de la oferta de productos fabricados por pymes en las góndolas de los comercios de Buenos Aires, una idea muy similar a la que regía hasta hace algunos meses a nivel nacional -derogada por el gobierno de Javier Milei-, y que no fue demasiado exitosa.
El supermercadismo fue el primero en oficializar su malestar, y entiende que la iniciativa no debe prosperar.
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) envió una carta a la senadora Gabriela Demaría, presidenta de la comisión de Usuarios y Consumidores. Allí se exponen los distintos puntos en contra que el sector entiende que genera este proyecto de ley, y pide sin vueltas que los legisladores no le den luz verde.
El escrito que presentó ASU hace referencia a la violación de ciertos derechos constitucionales, como el "derecho al libre comercio".