Sin incidentes, el gobierno nacional consiguió implementar otro nuevo fuerte operativo ante la nueva marcha de jubilados que se dio este miércoles. Esta tuvo el componente adicional de ser la antesala del paro general de la CGT y otras centrales gremiales, razón por la cual se configuró la movilización más numerosa desde la del 12 de marzo.
Pese al importante despliegue de las fuerzas de seguridad nacionales y de la Ciudad, la Casa Rosada minimizó el impacto simbólico de la marcha. "Esas cuestiones ya no tienen la fuerza que podrían generar antes. Resultan un tedio y el paro de mañana no tiene legitimidad suficiente", indicó una fuente que habla en nombre del Gobierno. Aun así, destacaron la ausencia de incidentes durante la jornada de protestas.
"Entendemos que la marcha es parte de una campaña misma de la CGT para tratar de no quedar mal con los afiliados a los gremios y con los trabajadores a los que ellos dicen representar. Tenemos buena relación con ellos y no vemos que esto pueda afectar nuestro vínculo con ellos", dijo a El Cronista otra altísima fuente de Balcarce 50.
Desde Presidencia ya se habían preparado junto al Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, para poder impulsar el operativo anti-piquetes, con vallados y contención tanto en la zona del Congreso Nacional como de la Plaza de Mayo, en donde se ubica la Casa Rosada.
La gestión también comprometió al área de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que se comprometió a ocupar el operativo en las calles de la Ciudad. Así, los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estuvieron apostados de un lado del vallado; mientras que la Policía de la Ciudad se ocupó de la seguridad por fuera de ese perímetro.
Desde el mediodía del miércoles se realizaron cortes de tránsito en toda la zona del Congreso conforme fue avanzando la movilización.
A diferencia de las otras movilizaciones por los jubilados que se daban los días miércoles, esta contó con el componente fundamental de tener a una parte importante de la CGT en las calles, así como la adhesión de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y de los movimientos sociales. Se trataba del inicio de un conjunto de 36 horas de acciones gremiales a nivel nacional que comenzó a las 12 de este miércoles en la marcha al Congreso, parando luego las 24 horas del jueves.
Aun así, desde el Gobierno festejaban que el paro se resintiera en alguna medida producto de la circulación de colectivos que habrá el jueves debido a que la UTA no podría hacer medidas de fuerza porque se encuentra en medio de una conciliación que dictó la Secretaría de Trabajo por el conflicto salarial que mantiene con las empresas de la actividad.
"El Gobierno no atiende nuestros reclamos", se quejaba la CGT en el comunicado difundido a la prensa, en el que además criticó las políticas de la gestión libertaria, al considerar que "el ansiado equilibrio fiscal, obtenido a través del desmantelamiento del Estado y del abandono de la obra pública, multiplicó el desequilibrio social".
Además, agregaron: "Reclamamos paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social".
Uno de los principales voceros del gobierno nacional, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, indicaba a través de su cuenta de X que "el paro extorsivo de la casta sindical solo busca mantener los privilegios del Club de los Audis blindados" y que con el modelo gremial "lograron que el 50% de los trabajadores estén en negro y sean pobres...".
En la Casa Rosada percibían que iba a haber un impacto en la actividad laboral durante las 36 horas de la medida, pero que su incidencia sería menor producto de la vigencia de los colectivos. "Mañana [este jueves] solo se expone la casta, o sea, ellos mismos. Mañana hacen campaña los amiguitos del kirchnerismo", afirmaba ante este medio uno de los principales funcionarios de la sede del Poder Ejecutivo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló ante Radio Mitre el miércoles por la mañana e interpretó: "La CGT sale a hacer un paro porque sabe que se vienen reformas y cuando en el Congreso tengamos número suficiente vamos a volver a impulsar las reformas laborales que estaban en el DNU 70/23 y que una cautelar judicial paralizó".
"Los inversores que vienen a la Argentina y ven tantos meses de superávit fiscal, que cumplimos con los compromisos internacionales, que la economía está creciendo, que la pobreza cae, y esto genera atracción", concluyó.