El juez federal Sebastián Ramos reconoció hoy al Ministerio de Capital Humano, a cuyo frente se encuentra Sandra Pettovello, como parte querellante en la causa por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón. Con esta decisión, la cartera quedó habilitada para impulsar la acusación contra Juan Grabois y los dirigentes que participaron en la toma ocurrida el pasado 7 de junio en el inmueble de Austria 2593/2601, en la Ciudad de Buenos Aires.
En su resolución, Ramos afirmó que el Ministerio reunía "los requisitos establecidos en los artículos 82 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación" para intervenir con plenas facultades hasta la eventual condena de los responsables.
La medida otorgó al Gobierno un rol activo dentro del expediente judicial, donde hasta ahora la investigación se encontraba a cargo de la fiscalía. De esta manera, Capital Humano acompañará la acusación y sostendrá la querella en representación del Estado.
El episodio que originó la causa tuvo lugar el 7 de junio, cuando alrededor de setenta personas ingresaron al edificio del ex Instituto Perón. Según el comunicado oficial, la irrupción fue encabezada por Grabois y acompañada por los legisladores Itai Hagman y Natalia Zaracho.
El ingreso se produjo tras la rotura de una puerta de blindex que conectaba con el bar temático "Un Café con Perón". Una vez dentro, los manifestantes profirieron consignas contra el Gobierno, desconocieron la disolución del Instituto y manifestaron su voluntad de "resistir" y "defender el lugar".
Las acciones se transmitieron en directo a través de las redes sociales de Grabois, lo que reforzó para el Ministerio la idea de que el dirigente "no actuó como un mero asistente, sino que desempeñó un rol activo".
La ocupación derivó en incidentes con la policía y en la apertura de un proceso judicial por usurpación violenta de un inmueble público. Grabois fue detenido durante esa jornada y recuperó la libertad en medio de una fuerte tensión política y social.
En su comunicado de este lunes, Capital Humano sostuvo: "El Ministerio de Capital Humano ratifica su compromiso con la defensa del patrimonio público y con el estricto cumplimiento de la ley, y continuará ejerciendo todas las acciones legales necesarias para que los responsables de estos hechos respondan ante la Justicia".
La decisión judicial se enmarca en una serie de enfrentamientos entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras, que en los últimos meses derivaron en suspensiones de cooperativas, protestas callejeras y acusaciones cruzadas contra sus referentes.
Con la incorporación de Capital Humano como querellante, la causa por la ocupación del ex Instituto Perón avanzará con una participación más directa del Poder Ejecutivo en los tribunales, reforzando la disputa entre el oficialismo y uno de los principales dirigentes sociales de la oposición.