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La reforma del régimen de cabotaje y Marina Mercante quedó habilitada para ser discutida en el Senado, pero el proyecto llega a una semana clave con una puja abierta. El texto que acordó el Ejecutivo con los gobernadores e impulsa la senadora Carolina Moisés cuenta con un dictamen de mayoría y, desde el jueves, también con uno de minoría presentado por Jorge Capitanich y José Neder. Qué se negocia y cómo quedará el texto.
La reforma del cabotaje y la Marina Mercante nacional es uno de los talones de aquiles del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Tras varios intentos fallidos, el funcionario acudió a los gobernadores de distintas provincias y propuso la apertura del cabotaje como una solución rápida para exportar productos sin pasar por las estropeadas rutas nacionales desfinanciadas por la administración libertaria.
En este sentido, el nuevo proyecto desregula el cabotaje, dejando fuera de la reforma los armadores relacionados con hidrocarburos y apunta a la navegación fluvial como eje rector.
Según explicaron voces allegadas al bloque provincial a El Cronista, ambos dictámenes serán puestos en discusión en el recinto y existiría un entendimiento para que parte de las modificaciones planteadas por el texto alternativo sean incorporadas durante el tratamiento en el recinto.
El acuerdo, sin embargo, no terminó de desactivar la tensión. Voces allegadas a los gremios aseguraron en diálogo con este medio que desconfían de que los cambios negociados sean efectivamente incorporados al momento de votar.
Asimismo, desde este sector ya analizan cómo frenar el proyecto en Diputados si el texto que salga del Senado mantiene la apertura al cabotaje de buques extranjeros.
Además, quienes estuvieron en la discusión aseguraron que se esperaba que los proyectos sean discutidos en la Comisión de Defensa que preside Luis Juez. Esto tenía como objetivo medir el impacto que la reforma puede tener sobre la soberanía y la capacidad estratégica de la Argentina. El reclamo por la intervención de Defensa ya había sido planteado por sectores vinculados a la actividad durante el debate parlamentario.
El proyecto cuenta con dictamen de mayoría desde el 28 de octubre. El texto de minoría fue presentado el 12 de noviembre y propone un régimen diferente para el cabotaje, con mayores restricciones a la participación de buques extranjeros.
La negociación que puede cambiar el proyecto
Voces allegadas a la discusión indicaron a este medio que el jueves por la noche se reunieron Moisés, Capitanich, representantes del Centro de Capitanes y el secretario de Desregulación Alejandro Cacace para discutir los cambios reclamados por el sector.
Según fuentes de la actividad, en ese encuentro se habría avanzado sobre dos puntos concretos.
Uno es que los buques destinados al transporte de arena y piedra continúen operando bajo bandera argentina. El otro es que los remolcadores de bandera paraguaya que participen de estos tráficos incorporen tripulación argentina.
Esos puntos forman parte de la negociación que podría trasladarse al recinto, aunque todavía no aparecen incorporados como tales en ninguno de los dos dictámenes. Por eso, entre los trabajadores existe desconfianza sobre que el entendimiento alcanzado en las conversaciones previas termine convertido en cambios concretos al momento de la votación.
El planteo es especialmente sensible en el caso de los remolcadores paraguayos, porque la exigencia de incorporar trabajadores argentinos entra en tensión con el régimen laboral correspondiente a la bandera de esos buques.
La discusión, además, ya empieza a proyectarse sobre Diputados. En el sector de la Marina Mercante sostienen que, si los cambios no quedan incorporados en el Senado, buscarán frenar o modificar el proyecto cuando llegue a la Cámara baja.
Qué cambia entre los dos dictámenes
La diferencia central está en el tratamiento de los buques extranjeros.
El dictamen de mayoría establece que la navegación y el comercio de cabotaje puedan ser realizados libremente por buques de bandera argentina, aquellos con tratamiento de bandera argentina y embarcaciones extranjeras. Para estas últimas, fija que las condiciones laborales de sus tripulaciones se rijan por la legislación del país de abanderamiento.
El dictamen de Capitanich y Neder plantea un esquema distinto. Crea el Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN) y establece que el transporte de cargas y pasajeros sea realizado prioritariamente por buques incorporados a ese registro o por embarcaciones de bandera argentina. Los buques extranjeros quedarían como una alternativa excepcional cuando no exista disponibilidad de unidades nacionales.
Además, el texto de minoría exige que los buques incorporados al RETCAN sean tripulados por personal argentino y que las relaciones laborales estén sometidas a la legislación argentina, los convenios colectivos y la jurisdicción nacional. Solo contempla personal técnico extranjero cuando no existan trabajadores argentinos con la capacitación específica requerida.
El dictamen también establece mecanismos para limitar los permisos a buques extranjeros y fija una duración máxima de 365 días para cada autorización, que debe estar fundada y publicada.
En materia tributaria, la iniciativa de mayoría contempla una alícuota de Ganancias del 25% para las actividades alcanzadas y un régimen de amortización acelerada para determinadas inversiones.
El texto de Capitanich y Neder incorpora, en cambio, un régimen de impuesto al tonelaje para los armadores que ingresen al RETCAN, con una vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2031.
El rechazo de los gremios
La negociación tampoco logró contener el rechazo del sector sindical. El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y SICONARA cuestionaron tanto el dictamen de mayoría como el de minoría y reclamaron que se preserve la bandera argentina, el empleo nacional y la industria naval.
Los gremios cuestionaron especialmente que los buques extranjeros puedan operar en el cabotaje bajo las condiciones laborales de sus respectivas banderas. También advierten por el impacto que podría tener la apertura sobre la Escuela Nacional Fluvial y sobre los astilleros, talleres y proveedores vinculados con la actividad.
Otro de los puntos objetados es el procedimiento previsto para facilitar el cese de bandera. El proyecto de mayoría establece un mecanismo por el cual el Registro Nacional de Buques puede avanzar con la cancelación de la matrícula si los organismos correspondientes no responden dentro de determinados plazos.
La discusión, por lo tanto, dejó de ser solamente una cuestión sobre costos logísticos. Para los gremios, la apertura del cabotaje puede afectar la continuidad de la flota argentina y, con ella, el empleo, la formación profesional y la industria naval.
La incógnita: si finalmente entra al temario
El proyecto ya tiene dictamen de mayoría y el dictamen de minoría de Capitanich y Neder quedó habilitado para avanzar luego de cumplirse el plazo reglamentario. El Orden del Día 425/26 del Senado ya registra el expediente S-1844/26.
Pero todavía resta una definición política: que sea incorporado efectivamente al temario de la sesión.
El Senado convocó a los presidentes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles 18 a las 15, donde se terminará de definir el orden de la sesión.
En ese punto aparece otra variable: las diferencias dentro del oficialismo alrededor de la Ley de Discapacidad y el conflicto entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada pueden incidir sobre la composición del temario. En el sector que sigue la discusión de Marina Mercante existe la expectativa de que, si el proyecto no consigue lugar en la sesión, la negociación pueda prolongarse.
Por ahora, el escenario es de doble dictamen y negociación abierta. El texto de mayoría busca ampliar la oferta de transporte y habilitar la participación de buques extranjeros, mientras que el de minoría incorpora un régimen temporal con prioridad para los buques argentinos y mayores restricciones para las excepciones.