El mayor conflicto diplomático entre los gobiernos de Cristina Kirchner y Barack Obama podría terminar con el pago de una multa o con un remate. La propia Aduana admitió ayer ante la justicia que los tripulantes del avión de la Fuerza Aérea estadounidense requisado el jueves de la semana pasada no cometieron ningún delito. Según revelaron fuentes de la investigación a El Cronista, los funcionarios de la Aduana que declararon ante el juez Ezequiel Berón de Astrada le avisaron al magistrado que, en principio, los nueve pasajeros del avión que llegaron el jueves a Buenos Aires para dar un curso a la Policía Federal violaron dos artículos del Código Aduanero, por haber confeccionado una declaración inexacta y por haber intentado hacer pasar los elementos no declarados como equipaje propio. El propio magistrado del fuero Penal y Económico lo confirmó cuando dijo que el episodio tiene más que ver con una discusión diplomática que con un tema judicial. No hay, por lo menos que la justicia tenga conocimiento, un ilícito o un delito comprobado, completó Berón de Astrada.

Hasta anoche, la Aduana mantenía en un contenedor precintado en Ezeiza los objetos requisados: un cajón con medicamentos vencidos, el cañón de un arma, una pistola automática que había sido declarada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires ante el Gobierno argentino pero que poseía un número de serie distinto al mencionado y algunos equipos de comunicaciones. Según un funcionario con acceso al expediente judicial, la Aduana afirmó que no abrió el contenedor porque no tiene peritos para determinar para qué sirven los equipos de comunicaciones.

Los dos artículos que fueron transgredidos, el 954 y el 957 del Código Aduanero, contemplan multas, con lo cual el gobierno estadounidense podría quedar obligado a pagar hasta cinco veces el valor de los objetos incautados para poder retirar las armas y los celulares y otros equipos de comunicación, siempre y cuando la Aduana no determine el decomiso de esos objetos para luego, por ejemplo, venderlos.

Ayer, se presentaron ante Berón de Astrada el subdirector general y técnico aduanero de la DGA-AFIP Pedro Roveda, la titular de ese organismo, María Siomara Ayerán y el subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas Daniel Santana y Roveda, quienes entregaron el acta aduanera con la descripción de los elementos incautados y conservados en un contenedor precintado y controlado vía satélite.

Allí, los funcionarios afirmaron que la Aduana tiene jurisdicción para disponer de las mercaderías incautadas, pero que, si el juez lo ordena, pueden abrir el contenedor para analizarlas, lo cual obligaría a retrasar la solución del conflicto diplomático que se agravó esta semana con los cruces entre Washington y Buenos Aires.