En un nuevo capítulo de la batalla legal por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino volvió a solicitar la suspensión del “discovery” ordenado por la Jueza Loretta Preska en el marco del juicio. Cabe recordar que la magistrada había solicitado acceder a mails y mensajes de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios.
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó esta madrugada una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El objetivo central del Estado argentino es lograr la suspensión inmediata del proceso de discovery post-sentencia en el caso caratulado como Petersen/Eton Park.
Fuentes de la PTN argumentaron que este procedimiento debe detenerse mientras se resuelve la apelación de fondo sobre la sentencia principal. La presentación busca paralizar no solo la entrega de documentación, sino también el requerimiento de aplicación de sanciones solicitado por los demandantes y la audiencia probatoria que el tribunal fijó para los días 21 al 23 de abril de este año.
Desde el Gobierno sostienen que la suspensión está plenamente justificada por la existencia de “fundamentos sólidos” para revertir el fallo inicial. Entre los puntos técnicos destacados por la Procuración se encuentran la presunta aplicación incorrecta del derecho argentino por parte de los tribunales estadounidenses y la figura deforum non conveniens, que sugiere que la causa debió juzgarse en tribunales locales.
En el escrito, aseguraron que “la continuidad del discovery ocasiona un perjuicio irreparable para la soberanía nacional y puede impactar en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras“.
Para contrarrestar las acusaciones de falta de cooperación, el comunicado detalla el nivel de cumplimiento que la Argentina ha tenido hasta la fecha. Según las cifras oficiales, el país ya produjo más de 115.000 páginas de documentación y facilitó aproximadamente 37 horas de testimonios brindados por siete funcionarios de alto rango.
Adicionalmente, se informó que en cumplimiento de las órdenes relativas a dispositivos personales, el Estado entregó más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz. “Pese a ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera improcedentes y desproporcionadas”, insistieron.
La solicitud argentina se produce luego del reciente respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El pasado 26 de febrero, el organismo estadounidense presentó un escrito apoyando la posición argentina, donde calificó el proceso de discovery como “excesivamente intrusivo” y advirtió sobre posibles daños a los principios de reciprocidad internacional.
El documento, de 29 páginas, se presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York como una “declaración de interés” del gobierno estadounidense en el litigio. Según fuentes de la defensa argentina, se trató de una presentación espontánea del Departamento de Justicia y no de un amicus curiae.
La intervención se produce en una instancia considerada clave del proceso, mientras el tribunal analiza los pedidos de sanciones presentados por los fondos demandantes en el marco del proceso de discovery.
El comunicado de la Procuración enfatiza que el Estado argentino continuará agotando todas las instancias y recursos jurídicos previstos tanto en el ámbito interno como internacional “para resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público”.
“En ese marco, sostendrá una defensa firme y consistente del interés nacional y de su soberanía frente a cualquier medida que considere contraria al orden jurídico argentino y a las normas fundamentales que rigen las relaciones entre Estados”, concluyó el escrito.