Como forma de inaugurar el año parlamentario, la oposición tiene planeado atacar al Gobierno con un boomerang: impulsará el tratamiento en la Cámara de Diputados del Presupuesto 2011 que envió a fines del año pasado el Poder Ejecutivo y que quedó sin aprobarse por la falta de acuerdo entre la bancada oficialista y el arco anti K. La idea del bloque radical, que lleva adelante la nueva estrategia, es escamotearle argumentos a Cristina Kirchner, que el martes se quejó ante la Asamblea Legislativa, sin preocuparse por la precisión histórica, de que la oposición la convirtió en la primera Presidenta sin Presupuesto.
Además de la cuestión discursiva que no es un detalle desdeñable en un año de campaña electoral la oposición quiere aprobar el Presupuesto para poner algún tipo de control al manejo de fondos del Gobierno, que ya avisó que usará los recursos que tenga a mano para apuntalar la candidatura de Cristina a la reelección.
El plan comenzó a ejecutarse ayer, cuando el diputado radical Miguel ngel Giubergia le pidió formalmente a través de una nota al kirchnerista Gustavo Marconato que preside la comisión de Presupuesto que convoque a ese cuerpo en forma urgente para tratar el proyecto que en noviembre del año pasado la Cámara baja reenvió a la comisión cuando se trabó la posibilidad de aprobarlo.
El Presupuesto no es sólo la asignación de recursos. También es un elemento de control del uso de los recursos, consideró Giubergia, Vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, ante El Cronista. La jugada consiguió el apoyo de diputados opositores de otros bloques que integran la comisión. Gustavo Ferrari, del Peronismo Federal, adelantó que su espacio está dispuesto a que haya Presupuesto y el duhaldista Eduardo Amadeo, del Peronismo Federal, también se mostró de acuerdo con la idea.
La bancada radical, según confió un diputado a este diario, está dispuesta incluso a firmar en disidencia el dictamen de comisión del proyecto oficialista con tal de llevar el tema al recinto, que podría albergar la primera reunión del año el 16 de marzo, si es que los bloques mayoritarios se ponen de acuerdo.
La intención de máxima de los radicales es conseguir algún tipo de control sobre el manejo de los fondos públicos previstos para este año y minimizar el impacto de la lapicera del Ejecutivo en la reasignación discrecional de recursos. Este verano, por caso, la Casa Rosada dio muestras del poco afecto con que mira los corsets contables: a través de dos decretos amplió en $ 29.000 millones el plan de gastos para 2011 que había enviado pocas semanas antes al Congreso.
El ejercicio 2010 cuyos números hoy hacen las veces de esqueleto del funcionamiento de la administración pública a falta del Presupuesto es un ejemplo aún más acabado del peso de las modificaciones de partidas. A pesar de que las erogaciones previstas por el propio Gobierno en la ley eran de 481.860,48 millones de pesos, el Estado terminó gastando 604.571,17 millones de pesos, o, para decirlo en términos porcentuales, un 25% más. Esos recursos, según denunció en incontables ocasiones la oposición, surgen de una recurrente subestimación del crecimiento previsto del PBI y de la inflación, que le permite incrementar mes a mes la recaudación impositiva.