El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con un grupo de profesionales contables para abordar las “zonas grises” de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que el Gobierno considera crucial para captar los dólares que se encuentran fuera del sistema financiero formal.
A comienzos de esta semana, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que mantendría un encuentro con algunos asesores fiscales para conocer “cuáles son las cosas que eventualmente ellos ven que pueden mejorarse”.
Según pudo saber El Cronista, los asesores fiscales tuvieron una “muy buena recepción” de parte del Gobierno. Además de Caputo, también estuvieron presentes el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal.
“Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal. Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen”, destacó Caputo a través de X.
Tal como adelantó El Cronista, los profesionales le acercaron al Ejecutivo dos dudas puntuales sobre el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG): el tope de ingresos totales de $ 1000 millones —uno de los requisitos para adherir al esquema— y las discrepancias significativas —parámetro que limita los beneficios que otorga el régimen—.
Concretamente, el Ejecutivo está pensando en sacar una nueva norma para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. “Se trabajó sobre dos ejes principales: por un lado, el tema de las discrepancias significativas, que genera mucha inquietud ante la posibilidad de perder beneficios por montos pequeños —eso se va a revisar—; y por el otro, los límites de acceso al régimen, que también se van a ajustar para que más personas puedan incorporarse“, confirmó César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich y uno de los convocados al encuentro.
Según pudo corroborar este medio, en el encuentro no hubo definiciones sobre el incremento de las multas automáticas. Este es uno de los puntos críticos de la ley ya que, según argumentan los asesores fiscales, la gran mayoría de las pymes no tiene la capacidad económica ni la solvencia de una empresa grande para hacer frente al pago de sanciones por el incumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas de IVA y de Ganancias.
Tras la reciente modificación del artículo 38 de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal, las personas humanas que omitan la presentación de la declaración jurada quedarán sujetas a una multa de $ 220.000, mientras que para las sociedades, asociaciones o entidades constituidas en el país el monto ascenderá a $ 440.000.
Los profesionales manifestaron su preocupación sobre este tema, aunque no se tomó ninguna decisión al respecto. Por lo tanto, el foco principal de la reunión radicó en los aspectos “críticos” de la Declaración Jurada Simplificada.
En paralelo, el ministro de Economía aseguró: “También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio”. Si bien en la reunión se abarcó el aspecto del nuevo esquema simplificado, las modificaciones podrían tener mayor alcance y, quizás, según comentó Litvin, “abarcar al régimen general”. Es uno de los puntos a precisar.