El Senado sancionó el financiamieto universitario y se dispone a aprobar la ley Garrahan

El Senado avanzaba, en las ultimas horas de la noche del jueves, en una sesión para darle el golpe definitivo al Gobierno con el rechazo de los decretos delegados y la sanción de las leyes que le aumentan el presupuesto a las Universidades Nacionales y al Hospital Garrahan. Con 46 presentes, hubo quórum de sobra para habilitar la sesión.

Ahora, tras el rechazo de los cinco decretos de reestructuración de organismos del Estado ideados por Federico Sturzenegger con las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, la cámara alta aprobó el proyecto de financiamiento universitario y se disponía a hacer lo propio con la llamada Ley Garrahan, para redondear una jornada negra y plena de reveces para el Gobierno.

La sesión estaba convocada para las 11, según acordaron los bloques en una reunión de labor parlamentaria que se llevó adelante ayer por la tarde mientras Diputados trataba los vetos del presidente Javier Milei. La vicepresidente Victoria Villarruel cedió a convocarla.

Hasta los libertarios Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche se sentaron a dar quórum. Lo cierto es que no hubo intentos de bajar la sesión, una vez fracasada la maniobra de dilación para la semana que viene. "Desde allá dijeron que es mejor que si pase, que pase todo hoy", deslizó una fuente parlamentaria en alusión a las instrucciones de la Casa Rosada.

El Gobierno viene del coletazo de Diputados, en el que se rechazó el veto del presidente Javier Milei por la emergencia en discapacidad, se sancionó el proyecto de la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), se destrabó la comisión investigadora de LIBRA y se blindó el veto al aumento de las jubilaciones. Desde Balcarce 50 prefieren que continúe la vorágine esta semana, lejos de la fecha de elecciones.

El plenario de comisiones de la Cámara alta dictaminó ambos proyectos derivados con la aprobación de Diputados esta misma semana, pero consiguió dos tercios para para habilitar su tratamiento. Necesitan una mayoría especial porque en el Senado se debe esperar una semana desde el dictamen para ir a sesión.

Los dictámenes contaron con apoyo de aliados de la UCR, como el chaqueño Victor Zimmerman que quedó fuera de las listas nacionales del acuerdo con Leandro Zdero y Karina Milei. También firmó la santacruceña Natalia Gadano, la cordobesa Alejandra Vigo, la larretista Guadalupe Tagliaferri, la tucumana Beatriz Ávila, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y la chubutense Edith Terenzi.

Pero antes de tratar estos proyectos, se aprobaron una serie de acuerdos y se trataron los decretos de reestructuración de organismos del Estado que trabajó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases.

Son: el 462/25, que reestructura los organismos de la secretaría de Transporte, incluido el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el 345/25,que modifica los organismos de la secretaría de Cultura; el 351/25, que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos; el 461/25, que dispone el cierre de Vialidad Nacional; y por último el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregula la Marina Mercante y restringe, en paralelo, el derecho a huelga.

Los últimos dos, tanto Vialidad como Marina Mercante, tienen el freno de la Justicia a través de medidas cautelares. Fuentes del Senado le habían asegurado a El Cronista que había un acuerdo mayoritario para rechazarlos todos. Así ocurrió, ahora no habrá vuelta atrás y el Gobierno no podrá hacer nada para revertirlo.

Universidades: lo que aprobó Diputados y sancionó el Senado

Los proyectos que ya aprobó Diputados disponen, por un lado, la recomposición presupuestaria por Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024 y, además, la actualización bimestral del 2025 para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.

También establece que el Poder Ejecutivo deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades desde diciembre del 2023 hasta la fecha de sanción en un porcentaje que no sea inferior al IPC acumulado de ese período. También insta al PEN de convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria que no puede exceder los 3 meses y asegurando una actualización mensual no menor a la inflación.

Además, dispone la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles desde diciembre del 2023 y asegura los créditos presupuestarios para la continuidad y eficiencia de los recursos.

El proyecto no contempla el financiamiento de estos puntos y aún no ha sido publicado el informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el impacto fiscal, pero el proyecto sancionado y vetado el año pasado estimaba un 0,14% del PBI. Según los cálculos que deslizan en los pasillos, este nuevo proyecto va en esa línea.

Emergencia pediátrica: el Senado vota el financiamiento al Garrahan y otros hospitales

Por otro lado, el segundo proyecto declara la emergencia en pediatría y contempla la asignación "prioritaria e inmediata" de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, mantenimiento, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial.

Además, la recomposición salarial del personal asistencial y no asistencial "no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del 2023" y, a su vez, se los exime del pago de ganancias cuando desempeñen actividades críticas, horas extras y/o guardias.

Uno de los artículos apunta directamente contra la gestión del ministro Mario Lugones con la derogación de la resolución 2.109/25, que modificó el esquema de becas para las residencias. Se trata de la reorganización que dispuso las dos modalidades de Beca Institución y Beca Ministerio.

También crea una comisión de seguimiento y evaluación integrada por las autoridades de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, representantes del ministerio de Salud, del COFESA y de Sociedad Argentina de Pediatría, para que emitan informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la presente ley.

Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto tiene un impacto fiscal de $65.573 millones de julio a diciembre del 2025, que anualizado significan $133.433 millones.