Los diputados del PRO Laura Alonso y Federico Pinedo salieron a criticar el proyecto kirchnerista presentado hoy por Carlos Kunkel y un grupo de diputados K. El mismo propone regular las protestas y establece incluso en qué situaciones los piquetes pueden ser dispersados por las fuerzas de Seguridad.
Proyecto K sobre piquetes: avisar 2 dias antes es imposible si se manifiesta la gente x cortes de luz, por ejemplo
— Federico Pinedo (@PinedoFederico)
Por supuesto q no. Hay q buscar la forma de garantizar la libre circulacion, salvo casos excepcionales y masivos
— Federico Pinedo (@PinedoFederico)
Para Kunkel hay manifestaciones "legítimas" e "ilegítimas". De movida y sin mucha vuelta, ese proyecto es inconstitucional
— @lauritalonso (@lauritalonso)
Lo de Kunkel es tan inconstitucional y retrogrado q le da al "Ejecutivo" la potestad de decidir si tu manifestación es "legítima" o no
— @lauritalonso (@lauritalonso)
Querido Kunkel: todos tenemos el mismo derecho a expresarnos y se trata de armonizar derechos. Ya sé: el olmo no da peras
— @lauritalonso (@lauritalonso)
La iniciativa que presentó Kunkel hoy tiene las firmas, también, de Diana Conti, Sandra Mendoza, José María Díaz Bancalari, María Teresa García, Juan Manuel Pedrini y Gustavo Martínez Campos.
Se trata de un proyecto de ley de “convivencia en manifestaciones públicas” que busca “garantizar y afianzar derechos” de los ciudadanos que se ven afectados por cortes de tránsito durante distintas manifestaciones.
El texto tiene 34 artículos y, entre otras cosas, establece que “toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas”.
También estipula que “una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad (…) sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites” previstos en la normativa.
¿Cuándo una manifestación es legítima? Según el proyecto son legítimas las protestas que no impiden “el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente a la educación, la seguridad y la salud pública”; no bloquean “totalmente” la circulación; permiten el paso de grupos especialmente vulnerables y los manifestantes no cometen delitos previstos en el Código Penal. Además, deben ser notificadas con antelación.
El proyecto determina que el uso de la fuerza pública por parte de las fuerzas de seguridad debe seguir los principios de “legalidad, gradualidad, oportunidad y último recurso” e implementarse en forma “progresiva” y limitada “a su mínima expresión”.
También prohíbe el uso de armas de fuego a los miembros de las fuerzas de seguridad que estén en contacto con los manifestantes y que se dispare directamente hacia los manifestantes con cualquier tipo de arma, “letal o no”.