En el arranque del Foro de Davos, la organización no gubernamental Oxfam pone el foco en un problema que atraviesa a América Latina y el Caribe: el avance de una riqueza extrema cada vez más desconectada del crecimiento económico y del bienestar general, y con capacidad de condicionar la vida democrática.
El informe advierte que “la prosperidad de una élite” se consolidó “al margen y a costa del resto de la sociedad”, en un contexto donde la desigualdad no solo se sostiene, sino que se acelera.
Entre los datos, señala que en noviembre de 2025 la región contaba con 109 multimillonarios (14 más que un año antes), con una fortuna conjunta de US$ 622.900 millones, una cifra que Oxfam compara con un monto “casi equivalente al PIB de Chile y Perú combinados”.
Además, desde el año 2000 esa riqueza acumulada se disparó 443% y solo en el último año creció 39%, mientras el PIB regional avanzó apenas 2,4% en 2024 y se proyecta un ritmo similar para 2025.
A nivel global, en el último año, la riqueza conjunta de los milmillonarios en el planeta creció más de un 16%, y alcanzó un máximo histórico de 18,3 billones de dólares, sostiene Oxfam. En América Latina y el Caribe, la riqueza de los multimillonarios creció 16 veces más rápido que la economía de la región en el mismo lapso, con el 65% de su patrimonio en sectores estratégicos como finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación y energía.
El informe marca que la mayor parte de los multimillonarios actuales no llegó “por mérito”. El 53,8% de los superricos de América Latina y el Caribe heredó parcial o totalmente su patrimonio.
En la región, mientras el 1% más rico posee más riqueza que el 90% de la población, 160 millones de personas viven en situación de pobreza y 63 millones en pobreza extrema.
La propuesta para distribuir mejor
El capítulo fiscal plantea que existe un “modelo que cobra al revés”: la región recauda en promedio 21,3% del PBI, muy por debajo del 33,9% promedio de la OCDE, y casi 47% de esa recaudación proviene del IVA y otros impuestos al consumo.
En ese esquema, el informe destaca que el 50% más pobre termina pagando alrededor del 45% de sus ingresos en impuestos (principalmente al consumo), mientras el 1% más rico paga “poco menos del 20%”, un patrón regresivo que —según Oxfam— protege el capital y castiga más al trabajo.
En ese marco, tras propuestas como la de un impuesto para gravar a los ultra-ricos que promovió entre otros Lula Da Silva, Oxfam plantea el debate global sobre un “nuevo pacto fiscal” que combine más progresividad, control de evasión y revisión de privilegios tributarios para reconstruir legitimidad democrática.
El organismo calcula que un paquete de medidas —centrado en gravar más al 1% más rico, ajustar dividendos y rentas del capital, incorporar impuestos al patrimonio y herencias, reducir elusión y revisar incentivos— podría sumar hasta 4% del PIB regional extra, equivalente a un 24% más de ingresos públicos.
Con esos recursos, considera que la región podría financiar objetivos como erradicar la pobreza extrema, sostener sistemas integrales de cuidados y reforzar inversión climática, en un momento en que la desigualdad extrema aparece como una amenaza directa a la democracia.