El pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) de unos u$s 3300 millones, correspondientes a los vencimientos de capital de octubre y de intereses de noviembre, despejará ese "ruido" de cara al balotaje y a los compromisos inmediatamente posteriores a la segunda vuelta, pero dejan en el terreno de la incógnita la relación del país con el organismo y el desembolso de u$s 3500 millones previsto para el próximo mes.
El Gobierno giraría este martes los u$s 2500 millones que vencían durante octubre. Como en los meses previos, agrupó los vencimientos para hacer un único pago a mitad del mes. Pero también decidió saldar el vencimiento de intereses, por unos u$s 800 millones, de comienzos de noviembre. Ese pago se haría, a más tardar, el lunes.
El Ministerio de Economía dejó trascender que usará yuanes del swap de libre disponibilidad para cancelar deuda con el Fondo. Probablemente, con una combinación de Derechos Especiales de Giro (DEG) remanentes. Según Equilibra, quedan remanentes, en DEG, el equivalente a u$s 1443 millones. Si no aparecen nuevos créditos puente, se destinarían yuanes por u$s 1157 millones a cancelar octubre.
Tensión con el Fondo
El pago con yuanes es una pauta de la tensión creciente entre el Gobierno y el FMI. Las discrepancias fueron en aumento desde que, en agosto, el organismo hizo el último giro de dinero, posterior a la devaluación post PASO. "Tras el giro de u$s 7500 millones a fines de agosto, el ministro de Economía y candidato presidencial implementó una política económica opuesta a la acordada (expansión fiscal, atraso cambiario, fuerte intervención en la brecha, financiamiento del BCRA al Tesoro, etc)", enumeró la consultora Equilibra.
Esas políticas que aceleró Sergio Massa luego de las PASO hicieron incumplibles las metas del tercer trimestre. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el déficit fiscal acumulaba, a septiembre, $ 2,6 billones, equivalentes a 1,5% del PBI. "La meta fiscal del tercer trimestre no se cumplió por una diferencia significativa. Recordemos que la meta anual es de 1,9% del PBI y al Gobierno le resta hacer uso de tan solo 0,4% del PBI para los últimos tres meses, que estacionalmente suele ser el período más deficitario del año", afirmó. Para la consultora Epyca, "el déficit primario rondaría el 3% del PBI" a fin de año.
Reservas
La meta de acumulación de reservas -la única modificada en agosto, pero aun pautada en terreno positivo- era incumplible de antemano. A pesar de que el Banco Central volvió a comprar divisas post elecciones y acumula un saldo positivo en los últimos días, los economistas sostienen que gran parte de ese saldo se fue en operaciones para contener los precios de los dólares financieros, además del pago de importaciones, en valores altos a pesar de que el Gobierno pisa con fuerza los desembolsos.
De acuerdo con estimaciones de Equilibra, el Banco Central intervino en el mercado de bonos con u$s 1100 millones en octubre para contener la suba de los dólares MEP y CCL. En agosto, habría vendido unos u$s 900 millones y, en septiembre, algo menos de u$s 700 millones.
En este escenario, los consultores estiman que 2023 terminará con reservas netas negativas que orillarán los u$s 11.000 millones. Martín Kalos, director de Epyca, las estimó en u$s -10.700 millones después de los pagos al Fondo. "Vuelve a ser el peor número bajo registro, peor aún que el previo al desembolso de agosto; en ese momento, llegaron a ser negativas en u$s 10.200 millones", dijo. Para Equilibra, las reservas netas se encuentran, en la actualidad, en casi u$s -7200 millones.
Para diciembre, quedará cancelarle al FMI entre u$s 900 y 1000 millones adicionales. Será, en medio del cambio de gobierno -sea por la asunción de Massa o por la de Javier Milei- algo que reseteará las negociaciones. Enero asoma con un vencimiento de u$s 1945 millones.
El interrogante para encarar estas negociaciones es cuál será el desgaste con el que llegará Massa, en su relación con el Fondo, si llega a ser electo presidente. Milei tendría otro margen para negociar -más allá de la continuidad del Estado, puede aducir que no negoció el acuerdo incumplido- pero el efecto de su política de shock es una incógnita.