Será el primer caso de aplicación de la Ley Antiterrorista, había adelantado Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado. Como pocas veces antes, ahora la Casa Rosada dio marcha atrás. El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, salió a aclarar ayer que hablar de la aplicación de la polémica norma contra la imprenta Donnelley fue una confusión, si bien evitó acotar presidencial, y aseguró que el planteo judicial realizado por la AFIP es por la presunta quiebra fraudulenta de la firma. La mandataria había anticipado una acusación por alteración al orden económico y financiero.
Se derivó una confusión a partir del uso del término antiterrorista. La denuncia que estaría haciendo la AFIP tiene que ver con quiebra fraudulenta, que se está investigando en el juzgado del juez (Daniel) Rafecas, señaló el funcionario en declaraciones a Radio Del Plata. Evitó aclarar el sujeto de dicha confusión. Por lo pronto, no fue una mala interpretación del discurso presidencial que había incluído el término ley.
Vanoli añadió que como derivación de la quiebra fraudulenta podría llegar a aplicarse un artículo del Código Penal, el 309, de la ley 26.733, que es la Ley de Delitos Económicos y penaliza prácticas fraudulentas. Y continuó: Esa ley fue aprobada en conjunto con la ley de financiamiento del terrorismo, la posterior, la 26.734 y de ahí deriva la confusión. Esto no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo.
En los pasillos de Balcarce 50 desestimaban un error presidencial, aún involuntario, a cambio de la hipótesis de una marcha atrás por la polémica desatada. En ese marco, la oposición avanzó ayer en su intento por derogar la Ley Antiterrorista al sacar dictamen de minoría en la Comisión de Legislación Penal que encabeza Patricia Bullrich (Unión PRO), por lo que deberá ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados, aunque se descuenta que el Frente para la Victoria terminará imponiendo su mayoría.
Como antesala del debate legislativo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, advirtió que derogar la ley antiterrorista dejaría expuesto a nuestro país a sanciones en el orden internacional, por el no cumplimiento de convenciones internacionales asumidas oportunamente y agregó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) consideraría esa medida como un retroceso incomprensible e inaceptable.
Mientras parte del Gobierno la defendía y otra desestimaba su aplicación en este caso, quien generó la polémica fue la propia Presidenta, al denunciar a Donnelley por crear un estado de quiebra que no es tal para, precisamente, estafar o crear temor en la población. Ya pensaban que esto era contra la protesta social, contra los sindicatos, contra los trabajadores, no: el primer caso que vamos a tener de aplicación de Ley Antiterrorista (sería contra una empresa), se había jactado la Jefa de Estado. Otra vez será.