El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz responsabilizó al oficialismo luego de que la cámara de diputados diera media sanción al proyecto presentado por Juntos por el Cambio para modificar la Ley de Alquileres sancionada en 2020.
El titular de la agrupación refirió que se llegó a la votación de ayer con una ley de alquileres debilitada porque nunca se implementaron políticas para regularla, y que los principales candidatos presidenciales creían que había fracasado.
"Llegamos a la votación de ayer con una ley de alquileres muy debilitada, en donde tanto Milei, Patricia Bullrich y Massa, como muchos otros, plantearon que la ley fracasó y había que modificarla en un país donde nunca se cumplió", declaró para Futurock.
"Algunas ausencias y abstenciones de Unión por la Patria hacen creer que en realidad hubo un acuerdo para facilitar la votación", lanzó el referente de los inquilinos en alusión a los y las legisladores de UP que no asistieron o se abstuvieron
En ese marco Muñoz explicó que pese a que en Argentina está prohibido el alquiler en dólares no hay ningún organismo gubernamental de regulación ni control sobre las políticas de alquiler de inmobiliarias y sitios web. "En materia de vivienda no existe el Estado. Hemos propuesto muchísimas veces que la Secretaría de Comercio intervenga", manifestó.
También refirió que pese a esta prohibición y a las denuncias efectuadas a Defensa del Consumidor no se dan de baja los anuncios de viviendas dolarizadas ni se multa a las páginas web que publican avisos ilegales.
"El mercado inmobiliario ha demostrado que puede incumplir sistemáticamente en el país una ley que nos protege sin ningún tipo de consecuencias", apuntó el referente.
Por otro lado también se explayó sobre la falta de políticas efectivas para garantizar el acceso a una vivienda. "La política en la Argentina está reducida al sorteo de algunas casas por mes, cuando debería ser una de las políticas centrales. Diez millones de personas vamos a buscar vivienda al mercado privado en donde no hay ninguna intermediación del Estado donde se pueda reclamar que se cumpla un contrato de alquiler bajo la ley".
Entre los puntos más controvertidos de la ley se destaca la reducción de los contratos de alquiler de tres a dos años y se establece un método de ajuste cuatrimestral que puede estar sujeto al IPC, a los precios mayoristas, el índice salarial o una combinación de dichos parámetros, según lo pactado entre ambas partes.
Sobre esto destaca: "Los tres índices que se fijaron en la modificación son bastantes abstractos, imaginate si un inquilino sabe cuál es el precio de índice de mayoristas".
Y finalizó:"La discusión que se da es profundamente cínica, porque quienes hablaban de que la ley también había sido peor para los inquilinos son diputados/das con cinco o diez viviendas en alquiler".