El 10 de diciembre, cuando le pase la banda presidencial a su sucesor, Cristina Fernández de Kirchner dejará la Casa Rosada con un récord negativo: ella, su vicepresidente y 16 ministros de su Gabinete habrán sido parte de al menos un expediente en la Justicia. Así se desprende del repaso de las denuncias contra funcionarios del Gobierno en los últimos años. El único que se encuentra exento es Daniel Gollán, ministro de Salud designado este año, que reemplazó a Juan Manzur, uno de los funcionarios K más denunciados de los últimos años.
La Presidenta lidera el listado de investigados en Comodoro Py, siendo parte de la causa Hotesur, en la que se indaga sobre irregularidades en la empresa que administra hoteles de los Kirchner en el sur del país. Su Vice, Amado Boudou, es quien más comprometido quedará ante la Justicia a partir del año que viene, ya que está procesa do y próximo a juicio oral por negociaciones incompatibles en el caso Ciccone, y por paten tar un auto con documentación apócrifa.
Aníbal Fernández, jefe de Gabinete desde febrero, suma varias denuncias en su contra, aunque una de las últimas es la que tiene abierta en un juzgado de Quilmes por presunto enriquecimiento ilícito. El ministro de Economía Axel Kicillof también fue denunciado a finales de junio por presunto enriquecimiento ilícito, expediente que tramitan el fiscal Eduardo Taiano y el juez Claudio Bonadio. El abogado ligado al PRO Santiago Dupuy de Lome pidió que se investiguen los motivos por los que el patrimonio de Kicillof creció $ 600.000 de un año al otro. El ministro también tiene una causa abierta en el juzgado de Eduardo Canicoba Corral, en la que se busca saber si cometió abuso de autoridad al, presun tamente, interceder para favorecer a un fondo privado con la compra de bonos.
El ministro de Planificación Julio De Vido, en tanto, está siendo investigado en la justicia estadounidense por un caso de coimas que lo relaciona con la petrolera Pan American Energy, en el marco de la negociación realizada en 2007 que derivó en la extensión por 40 años de la concesión que PAE tiene en el yacimiento petrolero Cerro Dragón. A De Vido, además, le revocaron el mes pasado el sobreseimiento en la causa por enriquecimiento ilícito.
Carlos Tomada, ministro de Trabajo, fue acusado por fraude laboral, a raíz de una supuesta relación ilegal con el gremio de los pasteleros que perjudicó a trabajadores de la cadena McDonald’s. La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, fue denunciada la semana pasa da por presunto desvío de fondos en el recorte de $ 574 millones en un plan alimentario. El expediente está a cargo de Daniel Rafecas, el mismo juez que lleva adelante Hotesur tras el apartamiento de Bonadio y que este año archivó la denuncia de Nisman contra la Presidenta Cristina Fernández.
Florencio Randazzo, el ahora cabizbajo ministro del interior y Transporte, fue incluido junto a Enrique Meyer, ministro de Turismo, en una informe realizado por fondos buitre por supuesto enriquecimiento ilícito, contra ellos, y otros 12 funcionarios, entre los que sobresalen el secretario de Seguridad Sergio Berni y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.
El canciller Héctor Timerman se encuentra imputado por irregularidades en el stand argentino en la Feria de Milán, causa en la que se investiga el pago de viáticos excesivo y contrataciones realizadas. La ministra de Industria Débora Giorgi es investigada por presuntos desmanejos en la entrega de subsidios.
Su par en Seguridad, Cecilia Rodríguez, fue denunciada por presunta protección a barrabravas de River, a raíz de la supuesta vinculación de su hermano con ese grupo.
El ministro de Justicia Julio Alak fue citado a declarar en Comodoro Py por supuestas irregularidades mientras estuvo al frente de Aerolíneas Argentinas; su colega en Agricultura Carlos Casamiquela, fue denunciado por su presunta participación en la última dictadura militar; mientras que el titular de Defensa, Agustín Rossi, fue investigado por supuesto abuso de autoridad en tareas realizadas por el Ejército en villas, presuntamente “con fines políticos”.
Lino Barañao, Teresa Parodi, y Alberto Sileoni, ministros de Ciencia y Tecnología, Cultura y Educación, respectivamente, también cuentan con denuncias en su contra. A Barañao lo cuestionan por un supuesto nombramiento irregular en el Banco Nacional de Datos Genéticos. A Parodi le apuntaron por el congelamiento de fondos para un programa de inclusión a las villas 21 y 31 de Barracas. A Sileoni, en tanto, lo denunciaron por la supuesta distribución de libros pornográficos en escuelas de Córdoba.