La Asociación Argentina de Actores sumó hoy su voz para expresar su “preocupación por las posibles interpretaciones” de la denominada Ley Antiterrorista aprobada la semana pasada por el Congreso Nacional.


“La sola posibilidad de que a criterio de jueces, muchos de ellos cómplices del terrorismo de Estado implementado durante la última dictadura militar, se pueda calificar de “terrorista” cualquier acción de protesta individual o social, hace que nos expresemos levantando la guardia”, señaló en un comunicado la entidad. Agrega que por esa razón, “abogamos por que se pueda dar marcha atrás y derogar esta ley que, de mantenerse, podría ser usada por otros gobiernos que no dudarían en reprimir a los luchadores populares”.

La norma, que generó una fuerte polémica, duplica las penas de cualquier delito que sea cometido con el objetivo de “aterrorizar” a la población o para “obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

El sindicato de actores, entre cuyos principales referentes se encuentran figuras de profundas simpatías con el Gobierno, es uno más entre la lista de personalidad y dirigentes ligados al oficialismo que suman su rechazo. Tan solo hoy se conocieron las voces de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien mostró su preocupación, y la de Eugenio Zafaroni, juez de la Corte y uno de los magistrados preferidos por Cristina Fernández, al punto que lo sindica como el posible inspirador de una ley para que la primera mandataria pueda presentarse a nueva reelección en 2015. El jurista consideró que la norma es un “disparate”, consecuencia de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), “extorsiona a la Argentina”.

Antes de que fuera votada en Diputados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que dirige el periodista oficialista Horacio Verbitsky también advirtió que la norma en debate utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que ‘hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público‘.

Incluso, se dio que defensores de la ley al interior del Gobierno, debieron salir a delimitarse de las declaraciones de José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien advirtió que los medios que “colaboren” con una corrida cambiaria podían ser calificados como terroristas. Florencio Randazzo y Aníbal Fernández rechazaron esta interpretación, en la misma línea en la que ya lo había hecho Miguel Pichetto la semana pasada: “Un artículo periodístico nunca puede ser considerado terrorista”.