De cara al “segundo tiempo” que iniciará el Gobierno el próximo 10 de diciembre, sectores que valoran el orden macro, pero aún esperan alivio fiscal y repunte de la actividad, comienzan a desfilar por los pasillos de Economía con reclamos puntuales.
Es el caso de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera), que agrupa a entidades provinciales, con mayor presencia en el cordón industrial del país donde, según señalan, la capacidad de incrementar el ingreso de divisas es alto, pero la “discriminación” en relación al trato en Buenos Aires es una inmensa barrera al desarrollo.
Los directivos, con llegada directa a Luis Caputo, en Economía y Federico Sturzenegger, en Desregulación y con aval de entidades con mayor renombre como la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) reclaman una agenda de comercio exterior que sea verdaderamente federal, simple y previsible.
A través de un informe que resume años de trabajo con productores y pymes exportadoras, la entidad ha sistematizado los desafíos que enfrentan los operadores del interior y los ha convertido en propuestas concretas para la Aduana, el Banco Central (BCRA), la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Secretaría de Comercio.
“Exportar desde San Juan, Corrientes o La Patagonia no es lo mismo que hacerlo desde la cercanía a los grandes puertos”, señala el documento de Fecacera y asegura que los costos, las distancias y las demoras impactan con mayor dureza a las empresas regionales. El objetivo central es que “exportar no sea un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad real para cualquier pyme del interior”, pronunció la entidad.
En relación a la “Facilitación y Costos Aduaneros”, apuntan al Régimen de Tránsitos Aduaneros, específicamente la operatoria ISTA (Iniciativa de Seguridad en Tránsito Aduanero), la cual, a pesar de sus beneficios teóricos, genera sobrecostos y costos encubiertos que merman la competitividad de las exportaciones.
Demoras que cuestan
Para dimensionar el efecto económico, el documento describe casos concretos dónde pierden competitividad los productos locales ya sea en busca de exportar o al momento de ingresar insumos y piezas de otros países.
Un punto clave son los precintos que son administrados por prestadores habilitados por DGA varían entre u$s 200 y u$s 400, aunque pueden superar los u$s 800 en distancias largas. Esto representa una carga significativa a partir de “gastos excesivos y no previstos” cuando, de forma aleatoria no se permite mover un contenedor hasta que se presente documentación complementaria.
Una operación de artículos de peluquería y barbería por valor total de u$s 22.230 asumió u$s 6000, lo que expresa un 27% de sobrecosto, señaló Fecacera.
Luego menciona el caso de comercialización de accesorios deportivos que fueron abiertos por presunción de incumplimiento de la Ley de Marcas en la aduana de Uspallata (Mendoza). El camión se liberó 25 días después. Esto significó el costo extra de u$s 200 por día por demora del contenedor, más la estadía de camión de u$s 8400, más la cuadrilla de carga y descarga con un gasto de $ 1.815.000.
Otro caso testigo es el de una empresa de comercialización de tecnología que debió afrontar extra costos en Ezeiza por verificación aduanera de mercadería en tránsito. Frente a la carga valuada en u$s 158.000, por “selectividad aleatoria” se generó una demora de 14 días en la Terminal de Cargas (TCA). El costo no previsto en este caso fue u$s 4.208,89 por la estadía del camión.
Simplificación y digitalización
La Federación también pone el foco en la despapelización total de los trámites, incluyendo la aceptación de presentaciones digitales de la documentación, y la creación de una Hoja de Ruta digital para otorgar mayor responsabilidad y agilidad al Agente de Transporte Aduanero (ATA). Además, solicitan que se permita el ingreso a puerto con Hoja de Ruta vencida, aplicando las sanciones después de que la carga sea embarcada, para no limitar la operación.
En el eje sobre Competitividad y Regímenes Especiales piden por la eliminación trabas burocráticas y financieras que desvirtúan los beneficios de la exportación.
El documento no sólo apunta contra las demoras y costos en Aduana, sino también a las que surgen en la órbita del Banco Central que se vinculan a ARCA.
Por ejemplo, critica las demoras excesivas en el trámite de devolución del IVA a los exportadores. Específicamente, pide eliminar la vinculación entre el bloqueo del reintegro de IVA y el incumplimiento en el ingreso de divisas, argumentando que el BCRA no tiene facultad para legislar sobre cuestiones fiscales y que esto impone un costo financiero que resta competitividad.
Al mismo tiempo, solicita la derogación de la normativa que utiliza el incumplimiento en la liquidación de divisas como causal para recategorizar a las empresas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) como de “alto riesgo”, lo que implica la aplicación de alícuotas de retención incrementadas por un periodo prolongado.
Al mismo tiempo se pone la mira en la regulación que imparte la Secretaria de Comercio, y piden facilitar los regímenes de importación/exportación para compensar envíos con deficiencias (post venta), un mecanismo “vital” para la venta de manufacturas. En este sentido, se propone descentralizar la autorización de este régimen a las aduanas operativas y sustituir requisitos documentales excesivos por una declaración jurada, priorizando la celeridad.
Finalmente, el informe exige la digitalización integral de los procedimientos legales aduaneros (sumarios, impugnaciones, repeticiones) para controlar los plazos de tramitación y resolución, que actualmente demoran meses. Además, se propone la publicación de los fallos de los jueces administrativos en sede aduanera para brindar transparencia, certeza y seguridad jurídica a los administrados, unificando los criterios de aplicación de sanciones.
Aunque no queda plasmado en el informe, desde la actividad del comercio exterior reconocen que pocas medidas que tomó el gobierno de Milei en el sentido “correcto” pero advierten que por la falta de consulta se ha avanzado en otras desregulaciones que no encabezan la inmensa lista de “pendientes”.
En ese sentido, la Federación expresó que la mejora en el comercio exterior argentino se logra con “soluciones técnicas, diálogo público-privado y reglas claras”, que fomenten el desarrollo federal a través de la exportación.