El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el gasto de la política "ya se achicó" por el equivalente a "entre 2 y 2,5 puntos del PBI" o cerca de u$s 10.000 millones donde se contempla tanto el achique de la estructura del Estado como el "café" que se pagan los propios funcionarios y la devolución de 600 vehículos, según precisó en una entrevista con LN+.
En ese sentido y en línea con las declaraciones del presidente Javier Milei, aclaró que, de ese total, un 60% de ajuste recayó en el sector público a partir de la reducción de Ministerios, Secretarías, vehículos, transferencias discrecionales a las provincias y gastos administrativos, entre otros, que mencionó Caputo, y el 40% restante en el privado.
Los números que dependen del Congreso
Sin embargo, y más allá de las declaraciones, según Equilibra, dentro del plan liberal, para lograr el esfuerzo fiscal de 5,1 puntos del PBI en 2024, existen 1,4 puntos de recorte que dependen de la aprobación de leyes en el Congreso.
Bajo la lógica de la motosierra, como anticiparon distintos annalists del sector privado, el ajuste a "la casta" se queda corto, por eso, para alcanzar el "déficit cero", el grueso de recortes recaerá en la población, pero sólo si alcanza el suficiente aval de los legisladores.
Por eso, el consenso político será la variable que pondrá en riesgo la principal ancla del programa económico del nuevo gobierno, la fiscal."El recorte llegaría a 5,1 puntos del PBI, de los cuales 1,4 puntos dependen de la aprobación de leyes en el Congreso", advirtió el último informe de Equilibra.
Entre ellos, blanqueo, moratoria, suba de retenciones, cambio de ley de movilidad jubilatoria, marcha atrás con la eliminación del impuesto a las ganancias.
"El recorte llegaría a 5,1 puntos del PBI, de los cuales 1,4 puntos dependen de la aprobación de leyes en el Congreso", advirtió el último informe de Equilibra
En materia de ingresos, los números oficiales se apoyan en un incremento de 2,2 puntos del PBI por el mejor resultado de la cosecha y la suba de impuestos del comercio exterior a lo que se agregan 0,7 puntos del PBI que provendrían de un nuevo blanqueo, moratoria y el anticipo de pago de Bienes Personales.
Los recortes del gasto
Del lado del gasto, donde se prevé un recorte de 3 puntos del PBI, "el mayor ajuste lo sufrirán las erogaciones de capital, las prestaciones sociales y los subsidios económicos", señala el informe y apunta a una contracción de 0,7 puntos en cada rubro.
En tanto, las transferencias a provincias caerían 0,5 puntos del PBI, y los gastos de funcionamientos y otros, en similar medida.
Con un oficialismo lejos del quorum propio, el rol de Juntos por el Cambio para que La Libertada Avanza logre mayoría, será determinante y abre una serie de interrogantes. Particularmente, sobre el apoyo que brindarán los gobernadores sobre los que recaerá un recorte de 0,5 puntos del PBI.
Además, otra fuente de incertidumbre es la "musculatura política" que puede alcanzar para que trasciendan leyes sensibles en un contexto de inflación corriendo al 25% mensual, pérdida de poder adquisitivo y recesión de la economía.
Jubilaciones y asignaciones sociales
Desde Analytica explicaron que el ajuste sobre las jubilaciones y pensiones se daría a través de la suspensión de la fórmula de movilidad, implicando que los aumentos sean otorgados de forma discrecional, tal como ocurrió en el primer período del gobierno de Alberto Fernández.
Esta decisión tendrá impactos en otros gastos, como las asignaciones familiares, por embarazo y la AUH, que también siguen la misma fórmula.
A su vez, anticiparon una "significativa" reducción de subsidios, en particular en a la energía y el transporte, en continuidad con la reducción de partidas de 0,6% del producto que se dio en 2023.
"De alcanzarse la meta, la relación subsidios/PIB quedaría por debajo de los niveles mínimos de 2019 (1,6%)", aclaró la consultora y señaló que "el sinceramiento de los precios impactaría principalmente en los ingresos medios (asumiendo que se mantiene la asistencia a las familias de ingresos bajos)".
Por otro lado, si bien la poda en las transferencias corrientes a las provincias (0,5% del PIB) si bien se enmarca en una disputa política, también impactará en el frente social, ya que el 32% de esa partida se destina a gastos en educación y cultura, en su mayoría al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Además, según Analytica, el 11% de las transferencias corrientes son para la salud, el 10% va a la seguridad social (asociado a las provincias que mantuvieron sus cajas previsionales), y un 7% tiene como finalidad la asistencia social.
Por último, dentro del gasto "político", indicó que las transferencias corrientes a provincias destinadas a ‘Relaciones Interiores', que incluyen a los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), representan el 36%.
En esta tabla, la provincia de Buenos Aires es la que mayores aportes recibe (26% del total) mientras que, en términos per cápita las más beneficiadas son La Rioja, Catamarca y Formosa.