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El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino mediante el Decreto 314/2026 publicado en el Boletín Oficial.
La norma establece un nuevo esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas que contempla la asignación de fondos provenientes de la venta y concesión de inmuebles estatales, así como de los procesos de privatización de empresas públicas contempladas en la Ley Bases (27.742).
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Defensa, general de brigada Carlos Alberto Presti, el ministro de Economía Luis Caputo y el resto del gabinete en acuerdo general de ministros.
Cambian las FF.AA.: el plan del Gobierno para equiparlas y modernizarlas con fondos de privatizaciones
El artículo 2° del decreto modifica el Decreto N° 1382/12, que regulaba la administración de bienes del Estado a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Hasta ahora, la totalidad de los ingresos provenientes de la venta, concesión o locación de inmuebles estatales ingresaba directamente al Tesoro Nacional.
Con la nueva norma, el texto establece que “el 10% de dichos ingresos será afectado a la jurisdicción presupuestaria del Ministerio de Defensa”. En aquellos casos en que el inmueble en cuestión haya estado previamente asignado al área de Defensa, ese porcentaje se eleva al 70%.
El artículo 3° fija, a su vez, que “el 10% de los recursos resultantes de la privatización de las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional enumeradas en el Anexo I de la Ley N° 27.742 que ingresaren al Tesoro Nacional serán afectados a la jurisdicción presupuestaria del Ministerio de Defensa”.
Todos estos recursos deberán destinarse exclusivamente a “programas y proyectos de reequipamiento, modernización, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional”.
El decreto aclara expresamente que estos fondos no reemplazarán al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado por la Ley 27.565, sino que constituirán “una fuente adicional y complementaria de financiamiento, orientada a atender necesidades de corto plazo y a ampliar la capacidad de inversión en modernización y recuperación de capacidades operativas”.
La norma subraya además que la medida no afectará el equilibrio presupuestario.
Tecnología, geopolítica y deterioro del equipamiento de las FF.AA.: las razones detrás de la medida
En sus considerandos, el decreto advierte sobre una combinación de factores que, a juicio del Ejecutivo, justifican la urgencia de la medida.
El texto señala que “los cambios en materia de tecnología militar, en particular la irrupción de la inteligencia artificial y el uso de armas robotizadas, demandan de nuevas capacidades y medios para las Fuerzas Armadas”.
También menciona el auge de los ciberataques y los sabotajes a infraestructura crítica como parte del escenario de amenazas contemporáneas.
El decreto reconoce, además, el deterioro material acumulado del instrumento militar. Según el texto, “la estructura presupuestaria vigente ha generado que la mayor parte de los recursos sean absorbidos por gastos de personal y funcionamiento, limitando severamente la inversión”, dejando escaso margen para sostener la operación y modernizar capacidades concretas.
La norma concluye que “el estado actual del equipamiento de las Fuerzas Armadas exige acciones urgentes para evitar que la degradación afecte seriamente la capacidad de defensa de la Nación”.
El decreto establece también que el Jefe del Estado Mayor Conjunto deberá elevar al Ministerio de Defensa, dentro de los 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma, “los requerimientos de carácter urgente en materia de reequipamiento, modernización, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional”.
A partir de ese informe, el ministerio deberá arbitrar los medios necesarios para dar respuesta a esas necesidades utilizando los fondos asignados.
Entre los proyectos que el gobierno tiene en carpeta dentro de este plan figura la construcción de una base integrada en Tierra del Fuego, considerada estratégica por su ubicación en el extremo austral del país y su potencial proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida.