José Pedraza, jefe eterno de la Unión Ferroviaria y uno de los símbolos históricos del sindicalismo peronista, fue sacado ayer a la mañana de su piso en Puerto Madero por la policía, esposado y cabizbajo, y quedó preso por orden de la Justicia, que lo investiga por el homicidio del militante Mariano Ferreyra. La detención de Pedraza conmovió al mundo sindical y político y dejó varias horas varados a miles de usuarios de trenes que conectan a la Capital Federal con el sur del Conurbano.

La medida de la jueza de instrucción Wilma López fue apoyada en reserva por la Casa Rosada, que desde octubre de 2010 cuando una patota de la Unión Ferroviaria atacó a piedrazos y tiros a militantes del Partido Obrero y trabajadores tercerizados que cortaban las vías del Ferrocarril Roca considera a Pedraza el responsable político de la muerte de Ferreyra. Esto es un homicidio, no es una cuestión menor o de negocios, acá ni siquiera la CGT puede salir a apoyar como hicieron con el Momo Venegas por la causa de los medicamentos, explicó ayer un funcionario del Gobierno a El Cronista.

Sin embargo, el Partido Obrero, la agrupación a la que perteneció Ferreyra y también Elsa Rodríguez, la militante de 56 años que está internada en coma desde el 20 de octubre, consideró que las responsabilidades políticas no se agotan en Pedraza ni en la Unión Ferroviaria: también responsabilizan al gobierno nacional. Un comunicado firmado por los trabajadores tercerizados del Roca sostuvo ayer que Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario, hombre del riñón de la burocracia sindical de La Fraternidad, cuyo hijo estuvo entre la patota asesina, también es responsable, como así también la Policía Federal que liberó la zona para que actuaran los asesinos. Fuentes del Gabinete aseguraron a este diario que, poco antes de morir, Néstor Kirchner se había mostrado molesto con la actuación en esa crisis de Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete, quien por entonces manejaba las fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía Federal. Ese enojo, que también compartió la Presidenta Cristina Kirchner, definió la

llegada de Nilda Garré al Ministerio de Seguridad, quien para que no queden dudas llevó a esa cartera a la fiscal que había impulsado la investigación sobre la muerte de Ferreyra, Cristina Caamaño Iglesias.

Además de Pedraza, fueron detenidos los sindicalistas Juan Carlos Gallego Fernández el segundo de la Unión Ferroviaria y Daniel Alcorcel, delegado ferroviario.

Pedraza no es el único Secretario General de un sindicato nacional preso. También está detenido el bancario Juan José Zanola, aunque en este caso por la causa de la mafia de los medicamentos.

El ferroviario fue llevado por la Policía a las 10 al Palacio de Tribunales y quedó alojado en la Alcaidía. Estuvo allí hasta las 20, cuando comenzó a ser indagado por la jueza López y el fiscal Fernando Fiszer. Antes había declarado Fernández por cuatro horas y media.

Tras la indagatoria, la jueza tiene un plazo de diez días para resolver la situación de los detenidos.

Además, y en línea con la interpretación de los tercerizados, el Partido Obrero y los Kirchner, el fiscal Fiszer solicitó que se tome declaración indagatoria a cinco policías acusados de haber dejado actuar al grupo que agredió a los ferroviarios.

Fuentes de la investigación citadas por la agencia Télam indicaron que Fiszer pidió que se indague al comisario inspector Luis Mansilla, titular del Departamento de Control de Líneas; y al comisario Jorge Ferreyra, jefe de la División Roca de Ferrocarriles, entre otros. La requisitoria también alcanza al principal Gastón Conti, de la Dirección General de Operaciones; al subcomisario de la Seccional 30, Rolando Garay, y al agente David Villalba.

Según el fiscal, los policías tenían los medios para evitar el ataque de la patota de la Unión Ferroviaria, y a pesar de ello no ordenaron interrumpir la conducta de los nombrados.

El sindicato que comanda Pedraza organizó protestas (ver página 5) que paralizaron la línea Roca durante varias horas, afectaron la línea Mitre y una manifestación frente a los Tribunales que se mantenía hasta anoche. También la UF sacó un comunicado en el que afimaron que ante los últimos acontecimientos y pese a que en ningún momento interfirió la acción de la Justicia, se ha detectado una sistemática campaña contra la institución y soportando numerosos allanamientos que afectaron su normal desenvolvimiento. Según publicó ayer Página/12, los allanamientos a que hace alusión la UF incluyeron el piso de Puerto Madero de Pedraza donde fue detenido. La jueza buscaba allí vínculos entre la UF y una cooperativa que pagaba sueldos a los tercerizados del Roca que protagonizaron la protesta que terminó con el asesinato de Ferreyra.