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Axel Kicillof se sumó a la embestida contra la Corte Suprema y la Ciudad de Buenos Aires. La Provincia hizo una presentación ante los tribunales federales de La Plata contra Silvio Robles, mano derecha del supremo Horacio Rosatti, y contra Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad porteña.
Buenos Aires, distrito que se vería afectado por la quita de recursos cuando la Nación efectivice el fallo del máximo tribunal a favor de la Ciudad, denunció a Robles y D'Alessandro por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ya lo habían hecho también el santiagueño Gerardo Zamora y el riojano Ricardo Quintela.
"Nuestra provincia es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", señala el escrito.
La gestión Kicillof sostiene que la Justicia le quita recursos a Buenos Aires y otros distritos "para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno".
LA PELEA POR LA COPARTICIPACIÓN
Los gobernadores, del Frente de Todos y fuerzas provinciales, presentaron en su momento un recurso ante el máximo tribunal y solicitaron ser escuchados en calidad de amicus curiae. "Las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma", advirtieron los bonaerenses en el escrito.
La denuncia fue efectivizada a pocos días de que termine la feria judicial y la víspera del inicio en el Congreso del trámite de juicio político contra la Corte a impulso del kirchnerismo.
"Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes" subrayó el bonarense que eligió los tribunales federales platenses en lugar de Comodoro Py, sede para el kirchnerismo de la "mafia judicial".
La gestión Kicillof sostiene que la Justicia le quita recursos a Buenos Aires y otros distritos "para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno".
En el texto de 14 páginas, presentado a nombre de Kicillof, se solicitaron una serie de medidas como los secuestros de los teléfonos de Robles y D'Alessandro -lo que fue desestimado en Capital por el juez Sebastián Ramos-; el allanamiento del ministerio de Justicia y el análisis de una serie de artículos periodísticos con información sobre las conversaciones vía chat mantenidas entre Robles y D'Alessandro no respecto al viaje a Lago Escondido sino en este caso sobre el fallo por las transferencias nacionales a la Ciudad.
Kicillof habla de una "espuria connivencia" entre ambos, que hubo "coordinación y asesoramiento" por parte de Robles y hacia el ministro y una "maniobra ilícita" en el marco de "un esquema de corrupción".