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La Legislatura bonaerense se convirtió en el nuevo tablero de una batalla cultural y económica que divide aguas. Diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO presentaron formalmente un proyecto de ley para arancelar la salud pública y la educación universitaria a extranjeros que no tengan residencia permanente en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, que ya ingresó en la Cámara de Diputados provincial, no solo busca un alivio fiscal para las arcas bonaerenses, sino que también responde a un clima de época marcado por el reclamo de reciprocidad con otros países de la región.
¿A quiénes afectaría el arancelamiento?
El proyecto se apoya en la Ley Nacional de Migraciones (25.871) y pone el foco en tres categorías específicas: residentes temporarios, transitorios y aquellos con residencia precaria.
El eje central es claro: quienes no han acreditado un arraigo permanente y no contribuyen mediante el sistema impositivo local, deberán comenzar a pagar por los servicios que hoy el Estado provincial financia de forma gratuita.
Salud: el modelo S.A.M.O. como motor de cobro
A diferencia de otros proyectos que proponen crear nuevas estructuras, esta iniciativa utiliza el Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.). Este mecanismo ya funciona en los hospitales públicos para facturar a las obras sociales y prepagas, lo que facilitaría la implementación técnica del cobro a extranjeros.
Puntos clave del capítulo sanitario:
- Prioridad en urgencias: el proyecto aclara que ninguna atención de emergencia será denegada. La vida sigue siendo la prioridad; el cobro o la gestión del seguro se realizará una vez que el paciente esté estabilizado.
- Exenciones por salud pública: quedan fuera del arancel las campañas de vacunación, el tratamiento de enfermedades transmisibles y la atención a víctimas de trata.
- Destino de los fondos: lo recaudado iría directamente al Fondo Provincial de Salud para la compra de insumos, medicamentos y mejora de infraestructura hospitalaria.
Universidades bonaerenses: autonomía para fijar cuotas
En cuanto a la educación, la propuesta obliga a las universidades provinciales a establecer aranceles para estudiantes extranjeros no residentes. Cada institución tendrá la potestad de fijar los montos y las modalidades de pago, respetando su autonomía, pero bajo el mandato de dejar de subsidiar carreras de grado a quienes no residen en el país.
El argumento de los legisladores, encabezados por figuras como Agustín Romo y Nahuel Sotelo, es que la “gratuidad indiscriminada” termina perjudicando al estudiante bonaerense que sufre la falta de inversión edilicia y tecnológica.
El contexto político: de las redes sociales a la Legislatura
El proyecto tomó impulso en un momento de particular efervescencia. El diputado Romo vinculó la iniciativa con el malestar social generado tras cruces dialécticos en redes sociales con ciudadanos de otros países.
Sin embargo, más allá de la coyuntura digital, la movida legislativa busca forzar al gobernador Axel Kicillof a posicionarse frente a un tema que ya tiene antecedentes en otras provincias.
El “Efecto Salta”: un antecedente insoslayable
Para entender la viabilidad de este proyecto, es necesario mirar hacia el norte. Salta fue la provincia pionera en implementar el cobro de salud a extranjeros no residentes. Los resultados reportados por el gobierno salteño tras los primeros meses de aplicación fueron contundentes:
- Reducción de la demanda: se registró una caída de hasta el 90% en las consultas de extranjeros en hospitales fronterizos.
- Ahorro presupuestario: el recupero de costos permitió reinvertir en insumos para los ciudadanos locales.
- Ordenamiento migratorio: muchos ciudadanos extranjeros optaron por regularizar su situación de residencia para mantener el beneficio.
Este es el punto donde la política se cruza con el derecho. Mientras que la Constitución Nacional garantiza el derecho a la salud y la educación para “todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, los defensores del proyecto argumentan que “habitar” implica residencia y cumplimiento de deberes cívicos, no el tránsito esporádico o el “turismo sanitario/educativo”.
Además, el artículo 125 de la Constitución faculta a las provincias a promover su propio desarrollo y gestionar sus instituciones, lo que abre el margen para este tipo de regulaciones locales.
El proyecto cuenta con las firmas de un bloque sólido que incluye a Nahuel Sotelo, Agustín Romo, Alejandro Rabinovich y Francisco Adorni, entre otros. El desafío será conseguir el consenso en las comisiones de Salud y Educación, en una Legislatura donde el oficialismo de Unión por la Patria mantiene una resistencia histórica a este tipo de medidas.